Ante la preceptiva solicitud de autorización presentada por el Ayuntamiento a la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias para el derribo de la parte del edificio que se encuentra en la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, el Ejecutivo autónomo argumenta su negativa ante el hecho de que el deslinde de la playa aún se está tramitando en la Dirección General de Costas del Gobierno de España.
En concreto, el informe del Ejecutivo canario señala que "en este tramo de costa existe actualmente un deslinde en tramitación, autorizado el 13 de enero de 2015 por la Dirección General de Sostenibilidad de las Costas y del Mar, e incoado por el Servicio Provincial de Costas de Tenerife con fecha de 4 de febrero de 2015".
Esta eventualidad, en opinión del Gobierno autónomo, impide el otorgamiento de concesiones y autorizaciones en el dominio público marítimo terrestre, en razón de la vigente Ley de Costas.
La Junta de Gobierno aprobó el pasado 4 de julio el proyecto de demolición total del edificio de aparcamientos situado en la cabecera de la playa de Las Teresitas, con un plazo de ejecución de seis meses y un presupuesto de licitación de 540.000 euros.
El objeto del proyecto es la demolición total de esta edificación paralizada desde el año 2008 y ejecutada parcialmente entre la costa y la carretera de Igueste de San Andrés, que linda al sur con el barranco del Cercado y la playa, al oeste con la TF-121, al norte con la TF-121 y el paseo peatonal y, al este, con la playa de Las Teresitas.
Conlleva la demolición de un primer nivel enterrado de 2.590 metros cuadrados, y de la planta general o nivel de acceso, que se ubica sobre la anterior, con una superficie de 5.790 metros cuadrados.
En aquel momento, la Junta acordó su tramitación con carácter de urgencia, acortando así los plazos para dar cumplimiento a la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife de fecha de 18 de noviembre de 2014.
Este nuevo acuerdo forma parte del amplio expediente administrativo que sigue el Ayuntamiento capitalino para dar cumplimiento a la sentencia judicial que obliga a la demolición total del edificio, conforme a su voluntad inequívoca de hacerla efectiva, siguiendo para ello todos los procedimientos administrativos, como bien se puso de manifiesto en el acuerdo plenario propuesto por el equipo de gobierno y adoptado por unanimidad de todas las fuerzas políticas.