Según denuncia el CEST, con el actual marco legal cientos de empresas están abocadas al cierre. "Muchos preceptos que establece la normativa vigente son de imposible cumplimiento y en modo alguno sirven para aumentar la calidad de los establecimientos", señalan. Además de denunciar que el exceso de regulación está minando al sector, desde el Círculo se advierte de que "la regulación actual no cumple por sus contradicciones y por la maraña legal que contradice la directiva Bolkenstein". "Lejos de lo que establece dicha directiva se está entorpeciendo el desarrollo del sector, cuando lo que plantea la UE es la agilización de los trámites burocráticos para favorecer la implantación de empresas y la dinamización económica. Con el marco actual se va en sentido contrario a la directrices marcadas por la Comunidad Europea, vigentes en todos los países de nuestro entorno. Lamentablemente, sufrimos una norma mucho más restrictiva que la que rige en el resto del país", recalcan.
A juicio de los empresarios y profesionales del Sur, tras la aprobación del Reglamento de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos publicado en el BOC 86/2013 de 1 de agosto, sumada a la regulación existente en desarrollo de la normativa reguladora del sector desde el año 2010, la normativa choca frontalmente en muchos de sus aspectos con las necesidades de las empresas, restringe gravemente la implantación de nuevos productos e imposibilita la necesaria innovación. En este sentido, consideran que "quienes regulan desconocen la realidad de las actividades de ocio y restauración, no tienen la sensibilidad que merecen cientos de empresas que están generando miles de puestos de trabajo, provocando que perdamos competitividad".
"La actual normativa impone criterios que hacen que numerosos locales se vean totalmente inviables para un uso en restauración. En muchos casos, el número de baños que se exige no deja prácticamente espacio para otra cosa. Es inviable destinar la mayor parte de un local a servicios higiénicos, que por otro lado no redunda para nada en mayor calidad o beneficio del usuario" afirman los empresarios. En este orden de cosas, inciden en que la falta de seguridad jurídica está causando un daño enorme a la economía y por tanto a las empresas y trabajadores. "Para poder ofrecer música en terrazas o espectáculos musicales en vivo, algo necesario y fundamental en las áreas turísticas, es imprescindible tener garantías legales que permitan realizar la actividad e invertir en actividades para mejorar lo que ofertamos a millones de clientes que apuestan anualmente por nuestro destino", se añade desde el CEST.
El Círculo del Sur se muestra optimista con el anuncio realizado desde el Gobierno de Canarias pero entiende que es fundamental que se elabore un texto refundido que aclare los textos legales que regulan en la actualidad el sector, dotándolo de la demandada seguridad jurídica. Para el CEST es imprescindible la adopción de medidas urgentes que corrijan "las perversiones de la actual normativa". En esta dirección, afirman que dichas medidas pasan entre otras por la inmediata derogación del Decreto 90/2010 y el Decreto 29/2013 que lo modifica, dadas sus profundas contradicciones con el Decreto 86/2013, Reglamento de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos.
Recuerdan los empresarios que esta situación afecta también a los negocios que ya se encuentran abiertos porque cualquier evolución o ampliación de los mismos pasa por la solicitud de nuevas licencias y pueden verse bloqueados por la actual normativa, llevándolos irremediablemente al cierre. "Las implicaciones son enormes, como el cierre de locales o el empobrecimiento y abandono de los espacios urbanos, entre otras", recalcan. Cabe recordar que este sector esta predominantemente formado por empresarios locales, pymes especialmente sensibles pero con una alta capacidad de generar economía.