El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, llama la atención acerca de la literalidad de la sentencia, que indica textualmente que los incumplimientos detectados en Emmasa "deben ser considerados como perturbación grave de la relación concesional, lo que justifica la intervención al formar parte del servicio público en el sentido amplio de que supera la estricta relación entre gestor y usuario".
No obstante, la sentencia sí que considera la propia intervención como "excesiva en determinados aspectos y proporcionada en otros". De hecho, Arteaga señala que el magistrado establece como "no conforme a Derecho la atribución de la facultad decisoria de concertar contratos por parte del interventor, puesto que este pasaría entonces a ser un controlador de la legalidad de la actividad de la empresa concesionaria y se constituiría en un administrador de facto, entrando en el campo del secuestro del gestor indirecto del servicio público".
Además, el edil subraya que esta sentencia "ratifica la línea trazada desde el Ayuntamiento en el proceso de intervención de la empresa. En Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, la resolución judicial fue contraria al Ayuntamiento y aquí también hubo otras opiniones que, en su momento, nos pedían una resolución del contrato".
"La resolución judicial dictada –prosigue el edil– no es firme y puede ser recurrida, pero confirma que no nos equivocamos cuando, lejos de esos planteamientos arriesgados que nos proponían en forma de resolución del contrato, optamos por la vía de la prudencia y de la intervención, un aspecto conforme a Derecho y que sí nos ha posibilitado un mayor control de la gestión de la empresa en nuestro municipio".
Del mismo modo, Arteaga manifiesta que el proceso de intervención "ha sido realizado, desde 2014 y por un periodo de varios meses, por los técnicos municipales. De los resultados del mismo se desprenderá si la empresa es sancionada o no por los incumplimientos que determinaron su intervención. Hay que dejar trabajar a los técnicos hasta que nos presenten las conclusiones definitivas sobre este tema".
Por último, el concejal afirma que el único fin de la labor realizada por los funcionarios "ha sido reconducir a la legalidad la situación que teníamos hace unos años en Emmasa. En definitiva, la sentencia valida y respalda la actuación realizada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife antes y después de la intervención en la empresa".