La Junta considera que las medidas propuestas por el Ministerio Fiscal en esta fase del procedimiento resultan necesarias para "proteger el derecho a la tutela judicial efectiva del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife".
El acuerdo recoge lo solicitado por la Fiscalía en la consideración tercera de su escrito, donde, además, se señala que el importe afianzado por los condenados (26.010.132 euros) no garantiza el pago de las responsabilidades civiles impuestas, dado que es menor que el importe de la indemnización civil fijada en la sentencia (52.588.156,85 euros) y de los intereses correspondientes (9.159.884,67 euros).
En esa dirección, el Ministerio Fiscal solicita que se requiera a todos los condenados para que, en el plazo que fije el tribunal, designen bienes realizables "que sean suficientes para garantizar el pago de la totalidad de las indemnizaciones a cuyo pago se les condena en la sentencia dictada, acordándose la práctica a tal fin de las valoraciones y/o tasaciones precisas".
La Fiscalía también propone que subsidiariamente y para el caso de que no se cumpliera el anterior requerimiento, o para el caso de que los bienes designados fueren insuficientes, se acordaran medidas como el bloqueo y retención de activos financieros o el embargo de bienes muebles y/o inmuebles que estuvieran a nombre de los condenados, de forma directa o indirecta.
El acuerdo adoptado hoy responde a la instrucción dictada por el alcalde el pasado 27 de abril de continuar "con el ejercicio de aquellas actuaciones procesales que sean necesarias en defensa del interés general de todos santacruceros y sobre todo en la recuperación del dinero público invertido en la compra de los terrenos, para hacer efectivas las indemnizaciones que, a favor de esta Corporación municipal, se recogen en dicha resolución judicial".