Esta sentencia se viene a sumar a otras muchas que vienen a dar la razón a las comunidades en las demandas judiciales que genera el hecho de que la empresa mixta del agua cobre por un servicio que no presta y que comenzó a exigir a partir de la privatización de Emmasa.
Cabe recordar que la mayoría de sentencias hasta la fecha se han resuelto a favor de las comunidades. No obstante, a juicio de los administradores de fincas colegiados, se evitarían todos estos litigios, tener que estar constantemente acudiendo a los tribunales con los mismos argumentos enfrentados con el gasto que esto supone a las comunidades, si el Ayuntamiento estableciera una tarifa mínima, adecuada al uso limitado que tienen estos contadores, que solo son utilizados en caso de un incendio en el inmueble.