Del mismo modo se aprobó una moción institucional para instar al Gobierno del Estado a seguir trabajando en la actualización, normalización y unificación de datos sobre la brecha en las retribuciones de mujeres y hombres en el conjunto del Estado español de forma que la disponibilidad de esta información sirva como un instrumento para combatirla y favorecer un mercado laboral más justo e igualitario.
En la moción se insta además al Gobierno Canario a la elaboración de un estudio sobre la situación laboral y retributiva de todas las mujeres trabajadoras residentes en Canarias, en el que se recojan además las medidas a adoptar para alcanzar la igualdad laboral y retributiva entre mujeres y hombres, tanto en materia de condiciones laborales de las mujeres (temporalidad, parcialidad, etc.) como en aspectos tales como la mejora de la negociación colectiva, mecanismos de intervención institucional para alcanzarla (refuerzo de las inspecciones de trabajo u otros), actuaciones en el seno de las empresas (elaboración de planes de igualdad), etc.
Otra moción institucional aprobada tiene que ver con la seguridad de las mujeres en los diferentes medios de transporte en la Isla de Tenerife. Se trata de impulsar desde el Cabildo de Tenerife, en colaboración con ayuntamientos y sectores del transporte público y privado, medidas para garantizar la movilidad y la seguridad de las mujeres en la isla. Además, incluye desarrollar, desde la Unidad de Violencia de Genero del IASS en el plazo de seis meses a partir de la adopción de este acuerdo, un proyecto de intervención en esta materia, en coordinación con las áreas del Cabildo con competencia en igualdad, movilidad y comunicación.
En el Pleno también se instó al gobierno central para que vuelva a incorporar a todas las personas cuidadoras no profesionales al sistema de la Seguridad Social, mediante su incorporación en los Presupuestos Generales del Estado, asumiendo el propio Estado las cotizaciones correspondientes a través de un Convenio Especial con la Tesorería General de la Seguridad Social, recuperando de esta forma un derecho subjetivo que hay que reconocer a todas las mujeres que están realizando una labor tan necesaria en esta sociedad.
En este sentido acuerdan estudiar la posibilidad de que todas las personas cuidadoras no profesionales que perdieron ese derecho de cotización se les vuelva a reconocer con efectos retroactivo, ya que en su momento sufrieron doblemente la "crisis", teniendo que perder involuntariamente ese tiempo de cotización y debiendo continuar con los cuidados de las personas dependientes.
En la misma sesión, el vicepresidente Aurelio Abreu realizó una comparecencia para informar sobre el grado de cumplimiento de los acuerdos plenarios en materia de vivienda y la actual situación de familias afectadas por desahucios en la Isla de Tenerife. En este punto destacó que el Plan de rehabilitación de vivienda que comenzó con un presupuesto en 2016 de 1.322.000 euros, se sitúa ahora en 2.3 millones.
El Pleno aprobó también la revisión del Plan Insular de Ordenación del territorio, PIOT, como consecuencia de la entrada en vigor, el pasado mes de septiembre, de la nueva Ley de Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. Con esta revisión pretende dar seguridad jurídica a los procedimientos, teniendo en cuenta su impacto en los planes generales de los 31 ayuntamientos de Tenerife. Del mismo modo, supone un paso importante para clarificar las acciones que dejan de estar autorizadas en el marco de nueva Ley.
La complejidad de este trabajo se traduce en la derogación del 30 por ciento de las disposiciones recogidas actualmente en el PIOT, el traslado del 50 por ciento de sus normas dentro del mismo documento, y la supresión o corrección del 5 por ciento de las mismas, con lo que tan solo el 15 por ciento de la normativa mantienen su redacción actual. El nuevo documento analizará y recogerá los usos turísticos, residenciales, del sector servicios y de actividades económicas y productivas, además de otras actuaciones o usos para la logística pública o de empresas privadas, además de las acciones vinculadas con el sector primario, cinegéticas o forestales, entre otras.
Del mismo modo, se aprobó un acuerdo institucional para la ampliación del número de pediatras en los centros de salud y la reposición del servicio de urgencias en el Hospital del Norte.