El alcalde remitió el pasado martes un escrito al propio Banco Santander y a las entidades Luri 6 S.L y Altamira Aset Management S.A en el que les instaba a responder en 48 horas de sus intenciones, sin que hasta el momento se haya recibido ninguna notificación formal al respecto.
A la vista de esta situación y dados los graves perjuicios que se ocasionaría a los vecinos afectados, que quedarían en una situación de exclusión residencial, el alcalde ha decidido ordenar la revisión de las relaciones financieras del Ayuntamiento con Banco Santander, como ya hizo en el pasado con otra entidad bancaria en circunstancias similares. Esta misma línea podría seguirse desde otras administraciones.
En este sentido, el alcalde considera "absolutamente incongruente" el hecho de que el Ayuntamiento tenga depositados sus fondos en un banco que, a la vista de los hechos, pretende desahuciar a muchos de nuestros vecinos -la mayor parte usuarios de los servicios sociales- de viviendas de protección oficial para obtener luego beneficios empresariales.
La medida entronca igualmente con el acuerdo plenario por el que se aprobó el Protocolo Anti-Desahucios de la capital tinerfeña, una iniciativa pionera y que ha permitido desde entonces evitar decenas de lanzamientos judiciales en Santa Cruz.
Precedente en 2012
José Manuel Bermúdez ya adoptó en 2012 una media similar, cuando ordenó la retirada de 1,5 millones de euros de una cuenta corriente que mantenía en Bankia por el desahucio de una vecina de la capital.