En este sentido, la edil explicó que existe "un compromiso en firme y decidido por parte del Ayuntamiento y el Gobierno de Canarias para adquirir las viviendas. Sabemos los arduos trámites que hay que realizar para comprar una, así que cuanto más serán los requisitos administrativos necesarios para hacerse con 358. Es innegable que es una operación compleja desde el punto de vista legal y, al tratarse de dinero público, no va a salir de hoy para mañana, porque hay unas directrices administrativas que cumplir".
"Por esa razón, me gustaría aclarar que ninguno de los desahucios programados está relacionado con retrasos en los pagos de los alquileres por parte del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) y que el régimen jurídico exige que tanto los adquirentes como los arrendatarios cumplan con unos requisitos, entre ellos los económicos que cumplen, en este caso, las familias arrendatarias", agregó.
Precisamente en este punto, la concejala lamentó "que se siembre la incertidumbre para sacar rédito político, contribuyendo a aumentar, con este tipo de cuestiones, la angustia y la desesperación de las familias por la situación que viven en la actualidad".
En la misma reunión, el octavo teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Juan José Martínez, informó de las medidas de orden financiero adoptadas por el Ayuntamiento ante la amenaza de desahucio de las viviendas sociales de Añaza por parte de una entidad bancaria.
En este sentido, Martínez indicó que ante el riesgo social que comportaba el desalojo de decenas de familias "dimos indicaciones a la Tesorería municipal para que revisara a la baja la posición del Ayuntamiento en esas entidades".
En concreto, el concejal confirmó que, como consecuencia de ello, se produjo la retirada de 2 millones de euros del Banco de Santander contribuyendo, de esta forma, a un replanteamiento de la situación por parte de la entidad financiera.