Como en anteriores ocasiones, Juan José Martínez explicó a los grupos municipales que el grupo de Gobierno de Santa Cruz, una vez conocida la sentencia condenatoria en primera instancia, optó pos solicitar al juzgado la adopción de medidas cautelares, en protección del interés general del municipio y, en particular, de la hacienda local.
Así, el concejal de Hacienda recordó que la Junta de Gobierno de Santa Cruz, en mayo de 2017, a instancias del alcalde y de acuerdo al consejo del Servicio Jurídico, emitió una instrucción e este sentido conminando a la instancia judicial en este sentido.
En concreto, el oficio municipal insta a requerir "a todos los condenados para que, en el plazo fijado por el tribunal, designen bienes realizables -saldos de cuentas bancarias, depósitos o productos financieros, imposiciones a plazo, fondos de inversión, valores, títulos, acciones, deuda financiera, contenido de cajas de seguridad, participaciones sociales u otros activos financieros, así como bienes muebles o inmuebles- que sean suficientes para garantizar el pago de la totalidad de las indemnizaciones a cuyo pago se les condena, acordándose la practica a tal fin de las valoraciones y/o tasaciones precisas".
Martínez indicó que "la estrategia de solicitar medidas cautelares es la opción más segura y más prudente, habida cuenta de que aún la sentencia dictada en primera instancia no es firme hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie respecto al recurso de casación interpuesto contra la misma".
El concejal advirtió de los riesgos que entrañaba solicitar formalmente la ejecución provisional de la sentencia, dado que en el caso de que el Tribunal Supremo atendiese el recurso, el Ayuntamiento se vería obligado a devolver las cantidades previamente ingresadas, amén de los intereses del 3% y de posibles reclamaciones por daños y perjuicios".
En ese sentido, el portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida compartió con Martínez la conveniencia de ser cauteloso hasta que la sentencia no sea firme y el afán del grupo de gobierno por salvaguardar el interés general de Santa Cruz.
Juan José Martínez reiteró por último que las medidas cautelares demandadas por el Ayuntamiento recogen un amplio espectro de opciones en defensa de ese interés común, que debe conducir al Ayuntamiento a la recuperación del conjunto de derechos económicos que en justicia le corresponden.