En este orden de cosas, empresarios y profesionales han recordado que si no se adjudica antes de la fecha señalada, se firma el acta de replanteo y el contrato, habrá que esperar por nueva Declaración de Impacto Ambiental, lo que conllevaría un nuevo retraso en la ejecución de esa obra.
A juicio del CEST, caso de no adjudicarse antes del 21 de julio el citado proyecto, Tenerife se condenaría a tener que esperar al menos un año más antes de que se avance definitivamente con una obra imprescindible tanto para mejorar la conectividad en esa zona de la Isla como para dinamizar económicamente a los municipios que quedarán conectados una vez se culmine esa infraestructura. En este sentido, el Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur, considera que el Gobierno de Canarias no debe apurar los plazos para la adjudicación porque se correría el riesgo de que venza la Declaración de Impacto Ambiental, provocando un nuevo retraso que, según se ha apuntado desde el CEST, "ni el Sur ni la Isla pueden permitirse".
Empresarios y profesionales exigen al consejero de Obras Públicas y Transportes del ejecutivo autonómico, Pablo Rodríguez, que se proceda a la adjudicación en el menor plazo de tiempo, con lo que se evitaría la posibilidad de que cualquier circunstancia administrativa sobrevenida desemboque en al menos otro año de retraso con el proyecto de este tramo del Anillo Insular.
Desde el CEST se ha advertido sobre las consecuencias que para la Comarca, y para la Isla en general, tendría que la demora del Gobierno de Canarias en la adjudicación del proyecto acabe provocando que Tenerife tenga que esperar al menos un año más por una obra que empresarios y profesionales consideran tan imprescindible como inaplazable.
