A juicio del CEST, dichos decretos debilitan tanto la posición de millones de trabajadores como de miles de empresas, cuyo futuro quedaría comprometido. Empresarios y profesionales consideran errónea la medida del Ejecutivo central, sumándose así al rechazo generalizado en el ámbito empresarial.
Respecto a Canarias, el CEST considera que no se están atendiendo factores sustanciales para la economía de las Islas, como la reactivación del tráfico aéreo, cuya operatividad no se habrá recuperado de forma significativa hasta después del verano, al menos.
Empresarios y profesionales advierten de que, en el caso de Canarias, el cese de la fuerza mayor debe vincularse a la reactivación del tráfico aéreo, con medidas objetivas como tomar de referencia el número de plazas en los vuelos del pasado año. Caso contrario, subraya el CEST, se obliga a las empresas a reactivar su actividad sin tener demanda.
El CEST entiende que las medidas laborales anunciadas por el Gobierno torpedean los pasos que deben darse para plantar cara a las dificultades e incertidumbres del escenario que se ha abierto con la crisis del COVID-19. En este sentido, según el Círculo de Empresarios deben promoverse medidas que favorezcan la imprescindible revitalización económica, financiera y el empleo, tanto en estos momentos como cuando se levanten las suspensiones de actividad decretadas. El CEST entiende que con las medidas propuestas las empresas difícilmente podrán cumplir durante meses con sus obligaciones de seguridad social, laborales, fiscales y de toda índole, condenándose de esta manera a acabar presentando concurso de acreedores o viéndose obligadas, en su caso, al cierre definitivo.
En este orden de cosas, el Círculo de Empresarios del Sur denuncia que las medidas del Gobierno de España suponen una grave amenaza para la economía, la empresa y el empleo, precipitando la caída de infinidad de empresas que no podrán retomar su actividad en los plazos 'artificiales´ que plantea el Ejecutivo.
El CEST pide a los responsables públicos que se eviten improvisaciones o anuncios confusos que, a juicio de los empresarios, agravan todavía más la situación. En este sentido, se espera que partidos y dirigentes políticos estén a la altura de las circunstancias tanto respecto a la oportunidad y conveniencia de las medidas a aplicar como en la comunicación de las mismas.
