El objeto de la reunión era encontrar soluciones para evitar que las familias, muchas de ellas con menores, queden en la calle. En el encuentro, se plantearon diferentes alternativas a esta situación, como por ejemplo la opción de que las unidades familiares paguen un alquiler social.
Tras analizar la situación, se acordó mantener un nuevo encuentro en dos semanas para dar a la empresa un tiempo prudencial que permita establecer alquileres sociales y comprobar las condiciones en las que se encuentra el edificio, así como la tramitación necesaria para legalizarlo -ya que no cuenta ni con la cédula de habitabilidad-.
Asimismo, la empresa mantiene su compromiso de suspender los posibles lanzamientos que se puedan llevar a cabo en las viviendas de su propiedad mientras duren las negociaciones con el Ayuntamiento.
Por su parte, el IMAS estudia la situación de cada familia y enviará un informe social sobre la situación de las mismas, con el fin de que se pueda establecer un acuerdo para que se lleve a cabo este alquiler social, en el caso de que el fondo propietario del edificio acepte. Este trabajo describirá la situación de vulnerabilidad de dichas familias y comprobará la necesidad real de ofrecer a las mismas una vivienda en alquiler a un precio asequible.
Una vez enviados estos informes, el fondo procederá a su estudio con el fin de ofrecer a las familias una alternativa.
Marta Arocha explicó que "es absolutamente necesario y urgente conseguir alquileres sociales para las familias del Edificio Alejandro, ya que llevan más de diez años viviendo sin ningún tipo de estabilidad en una situación dramática, incierta e inseguridad".