Las garantías de la deuda aplazada quedan totalmente cubiertas ya que en la Junta se aceptaron expresamente las garantías personales y reales ofrecidas por las sociedades mercantiles Carlacand, Promotora Punta Larga, Inversiones Parque y Anagotel por un valor de unos 180 millones de euros para hacer frente a dicha deuda pendiente, los intereses compensatorios, los gastos de la operación y la responsabilidad hipotecaria.
La alcaldesa de Santa Cruz recordó que hace unas semanas se anunció el acuerdo para la devolución de los 95 millones de euros a la ciudad de Santa Cruz por parte de uno de los condenados de Las Teresitas, "llevamos días callados mientras se nos decía que era mentira y que no había expediente", señaló, para después añadir que "hoy culmina el expediente administrativo que se inició con ese acuerdo, con los informes favorables de secretario del pleno, interventora, coordinador de Hacienda, tesorero del Ayuntamiento de Santa Cruz y dos informes de los Servicios Jurídicos, que ratifican el acuerdo con uno de los condenados de Las Teresitas, que dará a la ciudad de Santa Cruz 95 millones de euros".
La regidora municipal destacó que "no sólo queda manifestado que es un acuerdo bueno para Santa Cruz, sino que demuestra que aquellos que no hicieron nada para recuperar el dinero de Las Teresitas volvieron a mentir en estos días diciendo que no había nada, diciendo que no había expediente, que no había informes". Patricia Hernández aprovechó, asimismo, para reconocer la labor de los empleados públicos del Ayuntamiento que, "con mucha rapidez y diligencia han trabajado para emitir esos informes" que, como señaló la alcaldesa, permiten que "hoy demostremos una vez más que hay quien no se alegraba de que 95 millones de euros hurtados a la ciudad de Santa Cruz volvieran a las arcas públicas". Patricia Hernández recalcó que no se habla en abstracto, porque 95 millones de euros "es mucho dinero para poner ascensores, parques, para mejorar calles, canchas, limpieza, jardinería; todo lo que le hace falta a la ciudad de Santa Cruz y que fue robado a la ciudad de Santa Cruz en la operación de la compraventa de Las Teresitas". Para la alcaldesa, también queda demostrado que "nunca se movió un papel después de la sentencia para que el dinero volviera a sus legítimos dueños, que no son más que los ciudadanos de Santa Cruz".
UN ACUERDO SIN REBAJA
La particularidad del acuerdo ratificado por la Junta es que permite ejecutar en todos sus términos las sentencias judiciales sin causar ningún menoscabo a los intereses de Santa Cruz, puesto que no se ha permitido que se realizara ningún tipo de rebaja. En concreto, el acuerdo suscrito suma en concepto de dación en pago los dos edificios que ya habían quedado inmovilizados por los tribunales por petición del actual gobierno municipal, es decir, el edificio en el que actualmente está la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y el de Cabo Llanos que quiso comprar el Cabildo de Tenerife, "que suman de 52 a 55 millones de euros", puesto que existe una discrepancia sobre su valor real que se determinará en las próximas fechas.
Con respecto a los 35 millones de euros que faltarían para completar el total de la deuda, el pago se fracciona en los próximos 14 años, aunque con la garantía hipotecaria, en caso de impago, de otros bienes de Plasencia como son el aparcamiento del Centro Comercial Bulevar, el Hotel Urban Anaga y unos terrenos en La Gallega, con los que se quedaría el Ayuntamiento de Santa Cruz si finalmente no se entrega todo el dinero en dicho plazo.
Una vez aprobado por la Junta de Gobierno, el contrato transaccional será formalizado en las próximas horas por la alcaldesa, tras lo que será sometido a homologación judicial de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.