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17 Feb

66 familias que alquilaron para comprar viviendas de protección oficial en Granadilla sufren un calvario judicial por la presunta venta ilegal de sus hogares a nuevos propietarios

Granadilla de Abona/ La Asociación Residencial Arguayoda-Las Acacias y La Plataforma Montaña Clara exigen que se haga justicia.

Indignación, rabia, impotencia... y un sufrimiento que no parece tener final. Pero con ganas de luchar por que se haga justicia. Así se sienten 66 familias que en 2013 alquilaron sus casas en una promoción de viviendas de protección oficial, que construyó Promociones Amojo SL (de la familia del ex presidente del Gobierno canario Manuel Hermoso) y que han acabado viviendo una situación tan increíble como surrealista porque sus hogares acabaron en manos de otras personas que dicen ser las nuevas propietarias. Los pisos han sido revendidos hasta 3 y 4 veces, aseguran estos residentes en el núcleo de San Isidro.


Su caso lo denunciaron en 2019 de manera colectiva en el Juzgado de Granadilla de Abona, y están aún a la espera de su instrucción, así como en el Instituto Canario de Vivienda, del Gobierno canario, que además les confirmó el pasado año que no existe solicitud alguna presentada por la promotora original para transmitir la promoción de viviendas a otro titular y que las VPO hasta 2043 no pueden dejar de estar arrendadas.
Por si esto fuera poco, ahora deben pasar un calvario judicial porque los autoproclamados nuevos propietarios de estas viviendas han denunciado a su vez a estas familias en los Juzgados, reclamando la propiedad y/o el pago de las rentas.
Precisamente este miércoles, 17 de febrero, en los Juzgados de Granadilla, se va a celebrar el primero de estos juicios, y a las puertas de este edificio la plataforma ha convocado una concentración, a las 9:00 horas, en apoyo a la familia denunciada y exigiendo justicia.
Lo sorprendente de esta historia para los afectados es que cuando la empresa entró en concurso de acreedores y quedó en manos de un administrador concursal, mediante el correspondiente proceso judicial, las viviendas acabaron siendo vendidas, dejando a las 66 familias en una total indefensión.
Así lo explica Joana María Rodríguez Trujillo, presidenta de la Asociación de Vecinos Residencial Arguayoda-Las Acacias y representante también de la Plataforma Montaña Blanca, que agrupa a las personas afectadas por estas presuntas irregularidades.
"Vinimos vivir aquí en 2013, son viviendas de VPO de alquiler con opción a compra, para la cual dimos 6.373 euros por la entrada, con muchos sacrificios; todo nos pareció de un principio muy bonito, entramos con la ilusión de que sería nuestro hogar, pero a los cinco meses, cuando íbamos a ingresar en la cuenta de la promotora nos decía que estaban bloqueadas y así estuvimos 4 o 5 meses, sin poder pagar la renta", relata la presidenta vecinal.
"Entonces", prosigue Joana María Rodríguez, "vino un representante de la empresa que nos empezó a cobrar en mano y es cuando nos enteramos de que antes de nosotros había gente que compró, a la cual supuestamente estafaron, y a partir de ahí ya todo empezó a ir mal: venía cada vez personas distintas a cobrar, diciendo que eran dueños o representantes o hermanos, de modo que les llegamos a pagar la mensualidad a 4 personas distintas, siempre en mano, aunque les exigíamos recibos".
"Y al final le pagábamos a un administrador concursal, en cuya gestión no entendemos por qué no se aclaró y regularizó esta situación", se lamenta la presidenta de la Asociación de Vecinos Residencial Arguayoda-Las Acacias, "cuando además nosotros teníamos la primera opción a compra".
La conclusión que saca es que "hemos sido engañados y presuntamente estafados, maltratados verbal y psicológicamente, porque la realidad es que las casas que alquilamos con opción a compra han sido vendidas hasta 3 y 4 veces y nosotros siempre dentro".
"Queremos que no paguemos justos por pecadores, exigimos que se haga justicia y al Gobierno canario que investigue esta situación, que no está ocasionando un estrés tremendo, porque la vivienda es un derecho constitucional y nosotros hemos cumplido nuestra parte, no somos ni ocupas ni morosos, sino ciudadanos víctimas de unas irregularidades tremendas", concluye la representante de las 66 familias afectadas.

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