Patricia Pérez comenzó la jornada explicando las características del mineral utilizado ampliamente en la construcción de nuestro país a partir de los años 70 (prohibido desde 2002), principalmente en fibrocemento (uralita), y cuyas fibras, si se desprenden, pueden causar tres enfermedades: cáncer de pulmón, asbestosis o fibrosis pulmonar y mesotelioma.
La especialista del ICASEL precisó que, ante la posible presencia de amianto en instalaciones de las comunidades, lo primero que hay que hacer es buscar información sobre la instalación o el edificio, para cerciorarse de que se trata de este material. A continuación, evaluar cada situación (deterioro, dificultades...) y, finalmente, estudiar las intervenciones posibles: la estabilización (uso de pintura), el confinamiento (condenar la instalación para que no tenga uso) y el desamiantado, que sería la ideal.
Pero la solución óptima no es la más fácil ni la más barata. Y así expuso el complejo proceso que exige retirar el amianto con seguridad, para lo cual hay que contratar exclusivamente a empresas inscritas en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto Autorizadas (se puede consultar por internet en el propio ICASEL).
Patricia Pérez explicó los planes de trabajo que deben presentar las empresas, específicos o general; el contrato de aceptación de residuos, la unidad de descontaminación, etcétera. Y una resolución aprobatoria de los trabajos por parte del Instituto que los contratantes deben pedir.
Por su parte, los afectados deben conocer la fecha de inicio y duración de los trabajos, peligros de inhalación de fibras de amianto, prohibición de entrada en el recinto y medidas de prevención: ventanas y accesos cerrados, accesos prohibidos y limpieza final.
En este proceso, se destacó la falta de un laboratorio en Canarias que certifique las mediciones de fibra en aire, que se exige a la empresa autorizada. Mientras que tampoco existe en Tenerife solución para los residuos. Esto no quita para que aparezcan vertidos de materiales con amianto en cualquier vertedero incontrolado o en fincas, con el consiguiente riesgo para la salud de todos. Porque el amianto es un material inerte hasta el momento en que se manipula o se deteriora con el tiempo o por otras causas. De forma que el principio general ha de ser "si no está mal, no lo toque". O así debe ser mientras no sea obligatorio retirarlo, lo que se espera para finales de esta década.
Administradores de fincas asistentes al curso expusieron los problemas que se les plantean, como tener que pedir desalojar una sucursal bancaria que ocupa los bajos de un edificio afectado o alojar a familias en un hotel los días de trabajo. O, como pedía una vecina, mientras llega el certificado del laboratorio, de Madrid o Barcelona, del análisis de fibras en el ambiente.
El presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Santa Cruz de Tenerife, Luis García, reconoció que "queremos retirar el amianto, pero es complicado, y este un problema grave que tenemos que resolver, porque lo estamos enfrentando a diario en las comunidades". Por lo que expuso la posibilidad de estudiar soluciones conjuntamente con las distintas administraciones ¬-Gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos¬-, a los que se sugirió coordinarse, así como convocar subvenciones que ayuden a retirar el amianto con todas las garantías y menos costes.