Durante el transcurso de ese encuentro, Luis Yeray Gutiérrez recordó que el Ayuntamiento de La Laguna "reforzará en el presupuesto del año 2022 las medidas para paliar la incidencia de la crisis generada por la pandemia, con un importante aumento de la inversión, el incremento de las líneas de ayuda al sector empresarial e incentivos fiscales. En este contexto, es importante no bajar la guardia en la lucha contra la economía sumergida, que causa numerosos perjuicios a la ciudadanía".
El alcalde mostró su "preocupación por los negocios que no cumplen con la legalidad" y consideró "fundamental el binomio público y privado, de forma que trabajemos unidos para identificar a las empresas y profesionales que operan de forma ilegal o clandestina para que cumplan con las normativas o, en caso contrario, sean debidamente sancionadas".
Por su parte, el presidente de Femete, Alberto Villalobos Márquez destacó que "los sectores más perjudicados son, especialmente, los talleres de reparación de vehículos, las empresas de instalaciones eléctricas y telecomunicaciones, los servicios auxiliares de la construcción, como fontanería y aire acondicionado, así como la compra y venta de repuestos o los gestores de residuos". Al mismo tiempo, reiteró "los devastadores daños que ocasiona quienes trabajan fuera de la legalidad: no pagan impuestos, incumplen normativas, suponen un peligro para el medio ambiente y la salud, generan fraude laboral, impiden la creación de empleos, restan dinero público, detraen recursos, perjudican las pensiones, alimentan el intrusismo, la competencia desleal y la inseguridad".
Villalobos opina que "se debe ajustar la presión fiscal a niveles razonables para las pymes y autónomos, favoreciendo así la viabilidad de su actividad económica y que no se pasen al lado oscuro". Propuso también "que la Policía Local y demás Fuerzas de Seguridad del Estado tuvieran las competencias para acceder a locales privados con denuncias y pruebas suficientes de que se ejercen actividades ilegales para inspeccionarlos, recopilar datos y, si fuera el caso, tramitar sanciones ante la Fiscalía para que proceda". El presidente de Femete concluyó resaltando que esa Oficina de Ayuda a la Legalidad que pondría en marcha el Ayuntamiento de La Laguna "sería un ejemplo que otros muchos ayuntamientos podrían aplicar y que trasladaríamos a Confemetal, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal".