La moción presentada por el grupo de gobierno se produjo poco después del malestar generado después de que representantes del Cabildo informaran de que estudiarían la posible devolución del uso y gestión del mirador a San Miguel de Abona, municipio en el que esta infraestructura se encuentra enclavada y cuyo ayuntamiento cedió los terrenos en los que se emplaza.
Sin embargo, la posición expresada por la corporación de Arona es que, admitiendo que el mirador está en San Miguel, este no pierda su carácter de infraestructura clave insular, convirtiéndose en el tan demandando centro de interpretación natural y cultural, con especial énfasis en la parte arqueológica, que han venido reclamando desde hace décadas los ámbitos académico y ecologista.
Riqueza arqueológica y obstáculos jurídicos a la cesión
Desde el grupo de gobierno, su portavoz, Leopoldo Díaz Oda, ha recordado que "en las reuniones que en los últimos años se han venido realizando con el Cabildo, se han puesto de manifiesto las dificultades que presenta la opción de ceder el espacio a un solo municipio, aunque las instalaciones se encuentren en su mayor parte en el de San Miguel de Abona. Sin embargo –ha agregado- la cesión del uso pone en evidencia dificultades jurídicas y competenciales a la hora de decidir sobre asuntos como el mantenimiento o las inversiones".
Por su parte, el concejal del área de Patrimonio Histórico, José Alberto Delgado, ha subrayado que "Arona posee una gran riqueza de vestigios arqueológicos, en especial grabados, pero la realidad es que en Tenerife, en general en toda la Isla, ha faltado conciencia de la necesidad de preservar esa riqueza y ponerla en valor, además de las muestras de vandalismo a las que llevamos años asistiendo con impotencia. Estamos ante una oportunidad única –ha añadido- de tener un centro en el que se difunda, se forme y se eduque a la población local y visitante".
El Mirador de La Centinela se encuentra enclavado en el espacio natural protegido del Roque de Jama, en unos terrenos con los que el Ayuntamiento de San Miguel de Abona se hizo en 1992 y que, posteriormente, cedió al Cabildo de Tenerife, que construyó las instalaciones y que es la institución competente para su mantenimiento y cuidado.