Langa González, quien también es representante en Canarias de la Asociación Europea de Perjudicados por dicha ley, ha mantenido diversos contactos con representantes políticos para encontrar una solución a este conflicto y asegura que "en estos momentos nueve familias, con hijos y con personas mayores a su cargo, están esperando que se resuelva la angustiosa situación en que se encuentran con una solución digna y adecuada a los intereses en conflicto antes de que se proceda al citado derribo".
Es por ello, asegura el presidente de Pcalc, que "desde esta plataforma, que representa a miles de personas que están viviendo una situación de permanente inquietud en toda Canarias, nos ofrecemos para que se alcance una solución acorde a la defensa de su patrimonio histórico".
El pasado lunes, 12 de noviembre, se cumplía el plazo que había dado Costas para el desalojo voluntario de las casas afectadas sin que, de momento, se hayan producido los derribos, lo que está creando una situación de inseguridad que ha llevado a que seis vecinos hayan anunciado públicamente que se ponen en huelga de hambre.
El abogado Langa ha mantenido contactos con el secretario general de CC, Miguel Barragán; el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Manuel Fajardo; la consejera de Planificación del Cabildo de Tenerife, Pino de León y con el consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, para recabar apoyos a la problemática situación que se vive en este Archipiélago como consecuencia de la aplicación de la Ley de Costas.
La Plataforma Canaria en Defensa de los Intereses de los Afectados por la Ley de Costas se ha constituido recientemente y cuenta con la web www.pcalc.es, a la que puede acceder cualquier persona interesada en formar parte de la misma y para estar informada sobre la situación actual de dicha ley.
