Durante la reunión, el colectivo explicó que su principal preocupación es el cierre de escuelas infantiles, una decisión que, según trasladaron, se ha producido sin información previa suficiente ni diálogo con el personal, ni con el comité de empresa, ni con las familias afectadas.
A esta situación se suma, indicaron, un problema que arrastran desde hace años: la falta de sustituciones del personal. Denunciaron que cuando una trabajadora está de baja se tarda meses en cubrir su puesto, lo que obliga a reorganizar los grupos o incluso a cerrar aulas por la imposibilidad de mantener la actividad con normalidad. En algunos casos, señalaron, se han mantenido durante largos periodos sin cubrir servicios básicos del centro.
Recordaron que la normativa actual permite hasta ocho bebés menores de un año, 13 niños de 1 a 2 años y 16 de 2 a 3 por cada profesional, unas ratios que, según indicaron, ya son elevadas en condiciones normales y que, cuando falta personal, se superan en la práctica, dificultando una atención individualizada y segura.
El colectivo advirtió de que el cierre de centros y la reducción de recursos no solo afecta a las condiciones laborales, sino que tiene un impacto directo en las familias. Muchas se ven obligadas a reorganizar completamente su día a día, asumir desplazamientos mayores o incluso renunciar a una plaza pública por incompatibilidad de horarios. En zonas concretas, explicaron, la desaparición de estos centros deja a las familias sin alternativas cercanas.
Asimismo, señalaron que esta situación afecta especialmente a la conciliación, ya que en muchos casos son las mujeres quienes terminan asumiendo el cuidado de los menores ante la falta de recursos públicos suficientes.
La Diputada del Común, Lola Padrón, estuvo acompañada en la reunión por la jefa de gabinete, Gloria Gutiérrez, y la coordinadora de personal, María Afonso. Durante el encuentro, Padrón subrayó que "las escuelas infantiles no pueden analizarse desde criterios de rentabilidad económica, sino por su impacto social, en la conciliación de las familias, en la atención temprana y en la igualdad de oportunidades".
Padrón advirtió además de la presión económica que soportan muchas familias: "Cuando no hay plazas públicas suficientes, las familias se ven obligadas a acudir a centros privados con costes que rondan los 400 euros mensuales, que se suman al alquiler. Es una situación muy difícil de sostener para muchas parejas jóvenes en Canarias".
Asimismo, señaló que las dificultades en el acceso a estos recursos afectan de forma directa a la conciliación: "Cuando no hay plaza o el servicio no funciona con normalidad, quien termina asumiendo mayoritariamente esa carga son las mujeres, lo que repercute en su empleo y en su desarrollo profesional".
En relación con las condiciones del servicio, añadió que "no se puede garantizar una atención adecuada cuando no se cubren las bajas a tiempo y una sola profesional tiene que atender a más niños de los que debería".
A raíz de este encuentro, el colectivo ha anunciado que presentará nuevas quejas ante la Diputación del Común para trasladar formalmente la situación de estos centros.
La institución continuará el seguimiento de este asunto en el marco de sus funciones de supervisión de las administraciones públicas, en un contexto en el que la demanda de plazas públicas supera ampliamente la oferta disponible en Canarias.