El Consejo Social entiende que el planteamiento por parte del Gobierno estatal de las ayudas a los estudiantes es injusto, e incluso, considera insuficiente la rectificación por parte del ministro que se ha producido por la presión social existente y que ha llevado a dejar en un 5.5 de nota media el mínimo para la obtención de la beca. En opinión de los miembros de esta institución, desde luego es mucho mejor que la intención inicial de dejar la nota media en un 6.5, pero este cambio no subsana todos los perjuicios de la nueva normativa, ya que especialmente se reducen de forma considerable las becas de movilidad.

Estas ayudas para los estudiantes que residen en un lugar distinto al de la sede universitaria y tienen, por lo tanto, especiales gastos relativos a transporte o residencia, son cruciales para miles de alumnos canarios, que tienen que trasladarse de su isla hacia Tenerife, Gran Canaria e incluso hasta la Península para poder cursar los estudios que hayan elegido. Si se reducen las ayudas de esta naturaleza, eso va a significar inevitablemente que muchos jóvenes tengan que renunciar a sus sueños, y a su elección de futuro porque, pese a todo el esfuerzo realizado para continuar sus estudios en la universidad, sus familias no van a poder asumir el alto coste que en el fondo limita la libertad de elección de la formación de una parte importante de los estudiantes canarios.

Por esa razón, y ante las consecuencias adversas que las decisiones del Ministerio pueden tener para muchos alumnos, para su futuro y para el conjunto de la sociedad canaria, que se verá sin duda afectada por la pérdida de profesionales bien formados que los recortes en becas van a ocasionar, el Consejo Social de la ULL cree que es necesario rectificar esta situación atendiendo a criterios de solidaridad, cohesión social y justicia amparados todos ellos por nuestra Constitución.