Mantener el carácter de servicio público esencial de la Educación, prolongar el derecho a la Educación Obligatoria hasta los 17 años para todo el alumnado que no supere la reválida de la ESO y garantizar la participación de los Consejos Escolares en la vida académica son algunas de las medidas diseñadas por la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno canario para amortiguar los efectos negativos derivados de la obligada aplicación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).
Así lo expuso hoy el vicepresidente y consejero del Departamento, José Miguel Pérez, durante el encuentro mantenido con los directores de los centros de Educación Secundaria de Gran Canaria para informarles sobre la implantación de la nueva Ley el próximo curso.
José Miguel Pérez recordó que, aunque la comunidad escolar en general y el Ejecutivo canario han mostrado su oposición a la LOMCE, su aplicación es obligatoria y que, siendo así, la Administración autonómica está haciendo un gran esfuerzo para contrarrestar sus efectos perversos. Por eso, entre las medidas recogidas por la Consejería destacan también el garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a los centros y mantener la atención a las necesidades educativas del estudiantado durante toda la ESO.
Dentro del paquete de medidas explicado por el consejero hoy destaca, igualmente, que Canarias facilitará que las personas que cursen el título de Formación Profesional Básica (FPB) puedan obtener el título de Graduado en Educación Secundaria, así como uno o más certificados de profesionalidad de nivel1.
Precisamente, sobre la nueva FP Básica, se pronunció José Miguel Pérez declarando que "es una propuesta descabellada, que no va a servir para mejorar el nivel de integración de los alumnos que tienen dificultad". Para el vicepresidente y consejero, la propuesta ministerial "va a ser en gran medida un despropósito porque va a gastar muchísimos recursos públicos para un supuesto título que es el de menor cualificación que se da en el conjunto del sistema educativo y eso se hace a costa de detraer recursos para la FP de grado medio".
Para José Miguel Pérez, la FP Básica es "una trampa estadística" del Ministerio de Educación, que pretende rebajar las cifras de abandono escolar temprano "colocando al alumnado que curse estos estudios como si hubiesen hecho un nivel, no académico pero sí estadístico, equiparable al Bachillerato o a la FP de grado medio", lo que calificó de "un fraude en toda regla".
El representante autonómico recordó que esta nueva modalidad educativa se implantará el próximo curso de manera obligatoria, pero que a día de hoy las comunidades autonómicas desconocen el recurso económico que llegará a este gasto estructural obligatorio, un hecho "a todas luces inconcebible", por lo que anunció que "si antes de septiembre estos fondos no nos ha llegado, iremos a reclamarlo a los Tribunales".
A pesar de esta circunstancia, José Miguel Pérez explicó que en Canarias "nos hemos preparado para el cumplimiento de la Ley, aunque eso sí, con todas las cautelas necesarias para evitar convertir esto en una puerta de salida de los estudiantes que tienen alguna dificultad".
En este sentido, los centros educativos remitieron hace una semana a la Consejería la cifra previsible de estudiantes que podrían optar a cursar FP Básica. "Falta ahora comprobar que las edades de los estudiantes se ajusten a la medida y ponerles en prioridad y que las familias decidan, finalmente, que sus hijos e hijas estudien esta modalidad".