"El Ministerio de Educación intenta inocularnos este virus que supone una idea del conservadurismo radical más antiguo, con largas y rancias raíces. En este caso, no se trata tanto de un tema de recortes como de un serio problema de carga ideológica. La educación es un derecho fundamental y el copago altera este principio constitucional convirtiéndola en el beneficio privado de quien la recibe." Pérez recordó que, como derecho esencial, el ejercicio efectivo de la educación debe estar garantizado por los poderes públicos mediante un adecuado sistema impositivo. Esta concepción no puede ser puesta en duda aprovechando las dificultades que atraviesan las familias como consecuencia de la crisis económica.
"Un sistema impositivo eficaz debe garantizar la correcta prestación de los servicios públicos que permiten hacer efectivos los derechos básicos. Consideramos injusto que se pretenda modificar el sistema impositivo reduciendo los impuestos para las mayores rentas y, simultáneamente, se obligue a las familias a pagar dos veces por los servicios educativos" apostilló el consejero canario.
El titular de Educación del Gobierno de Canarias continuó precisando que "el Gobierno central comenzó esta legislatura con un recorte de 9.000 millones de euros de inversión en el sistema educativo. El PP empieza a comprobar que con dicho recorte el servicio público de la educación no es sotenible y busca otras vías que no le obliguen a rectificar."
"En estos momentos, -continuó- el Ministerio de Educación y sus políticas educativas nos han puesto en la línea roja que marca el retroceso en la educación. Comunidades como Canarias, Asturias y Andalucía estamos aplicando medidas paliativas con fondos propios, y hay un claro desbarajuste entre las políticas restrictivas de Wert y las medidas de contención que nosotros estamos aplicando y que son, para nosotros, prioritarias."
Por otro lado, José Miguel Pérez exigió al Ministerio de Educación la convocatoria con carácter urgente de la reunión sectorial pendiente, que abordará la financiación de la Formación Profesional Básica. "Tenemos que conocer con tiempo cómo el Gobierno va a financiar esta nueva carga. Tienen que facilitarnos la financiación. Y que no nos engañen: queremos saber si tienen las partidas consolidadas y si van a ser préstamos a devolver. De los 1.700 millones que el ministro anunció en su momento, aún no sabemos nada y nos tememos que, si como ha dicho el ministro, el dinero procederá del Fondo Social Europeo, habrá que devolverlo después." En cualquier caso, los consejeros de Educación plantearon las dificultades e incluso las imposibilidades de la implantación de la Formación Profesional Básica el próximo curso, si no se cuenta con la financiación a tiempo.
Por otro lado, los consejeros recordaron la oposición de sus comunidades a la implantación de la Lomce y las medidas paliativas que están desarrollando para evitar sus devastadores efectos sobre la comunidad educativa. Entre otras, anunciaron que mantendrán la asignatura de Educación para la ciudadanía, y recordaron la presentación de recursos ante el Tribunal Constitucional contra la Ley y contra el decreto que desarrolla la FP Básica por parte de las tres comunidades.
