Hay que recordar que las retribuciones de los docentes están congeladas desde hace cinco años y, después de sufrir los duros "recortes" que se iniciaron con las medidas aplicadas por el anterior Gobierno del Estado, las condiciones laborales del personal docente sólo han retrocedido desde entonces.
No se trata únicamente de que el poder adquisitivo del profesorado haya disminuido alarmantemente desde el comienzo de la crisis, con una pérdida que oscila entre el 30% y el 35%, o que desde hace años se apliquen descuentos en la nómina por los días de baja médica, sino que, además, a partir de la publicación de los Reales Decretos 14/2012 y 20/2012 del actual Gobierno español, las circunstancias en que debe llevar a cabo su labor docente en los centros educativos se han vuelto cada vez más penosas.
Aunque ahora casi no se habla del endurecimiento continuado de sus condiciones laborales, la realidad es que las plantillas docentes han disminuido exageradamente, la jornada laboral se ha incrementado, las vacantes por jubilación no se cubren, las oposiciones no se convocan o apenas ofrecen plazas, las ratios se han disparado al alza, los recursos económicos y humanos de los centros cada año son más escasos, las medidas de atención a la diversidad brillan por su ausencia y, en definitiva, este profesorado cansado y envejecido no encuentra aliciente alguno que le anime en el desempeño de sus funciones.
Pero no todas las calamidades relatadas tienen su origen "allende los mares". El Gobierno de Canarias, que acaba de publicar "a bombo y platillo" su Ley Canaria de Educación, que no contiene ni una sola referencia que incorpore mejoras concretas en la lamentable situación laboral del profesorado, no hace absolutamente nada para terminar con una discriminación que dura demasiados años.
En Canarias, con la excusa de una homologación retributiva cuyos efectos positivos desaparecieron a finales de los años 90 del pasado siglo, los docentes no universitarios no pueden cobrar los sexenios que hoy percibe la totalidad de sus colegas del resto del Estado, a pesar de que existe un Acuerdo suscrito con el Ministerio desde 2010.
Pero, además, tampoco se abona el complemento retributivo por el desempeño de tutoría, que se contempla en la normativa básica actualmente en vigor y se abona en buena parte de las demás Administraciones Educativas, ni siquiera se paga la compensación por itinerancia a quienes deben compartir centro de destino.
¿Hasta cuándo soportará el profesorado este vergonzoso agravio comparativo? El Presidente del Gobierno y su Consejero de Educación tienen la palabra.