García ha reiterado la importancia de "la movilización masiva" del sector educativo en defensa de la educación pública, que "no afecta sólo a padres, alumnos y profesores, sino a todos los sectores de la población".
Por ello, ha reiterado que los convocantes "no se resignan" y, con los actos convocados, buscan dar "un golpe" al Ejecutivo que, a su juicio, "está en minoría y no cuenta con el apoyo social" por lo que pedirán la dimisión del ministro Wert y la retirada de la LOMCE, entre otras cuestiones.
Piden una huelga general educativa en noviembre
Además, ha hecho un llamamiento a todos los que defienden la educación pública a unirse en una huelga general de estudiantes, padres y profesores el próximo mes de noviembre, para cuya convocatoria están trabajando con CCOO, ya que, a diferencia de otras ocasiones, en esta el resto de miembros de la Plataforma Estatal por la Escuela Pública, entre los que están UGT y CEAPA, no convocan estas movilizaciones.
Respecto a los actos de protesta convocados, el martes 21 de octubre se organizarán piquetes en los puntos neurálgicos de las ciudades; el miércoles 22 por la mañana se celebrarán cien manifestaciones en todo el Estado y el jueves 23 por la tarde se están preparando manifestaciones de estudiantes junto a profesores, padres y trabajadores.
A estas últimas está llamada toda la comunidad educativa y tiene el apoyo, además de la marea verde, de diversas asociaciones de vecinos, de afectados por las hipotecas, de "preferentistas", Izquierda Unida, Podemos, Europa Laica, FLGTB, Coca Cola en Lucha y la Marea Blanca, entre otras.
Un inicio de curso "caótico"
La secretaria general del Sindicato de Estudiantes ha considerado un "crimen" la política educativa del PP y ha argumentado que, aunque otros "recortes" se llevan incluso "vidas por delante", en el caso de la educación van en contra del futuro de los jóvenes y del derecho a tener una formación pública y de calidad.
El SE recuerda que la situación del inicio de curso es "caótica", con clases que no pueden empezar porque no hay profesores, centros que se cierran y con "más de 45.000 estudiantes expulsados de la Universidad por no tener dinero".
Ana García ha alertado que la política educativa del Gobierno "busca devolver al país a los años 50, cuando sólo podían estudiar los hijos de los ricos", además de "desmantelar" el sistema y "expulsar" a los estudiantes del sistema educativo, "lo que generará en una mano de obra barata y sin cualificación".
A esta situación, se suman los tres decretos que el Gobierno quiere aprobar por los que "se sustituirán las becas por préstamos bancarios, se reducirán a tres años los grados, devaluando el título y la formación y se aumentarán a dos años los máster de pago".
