Además, están convocadas para este miércoles y este jueves manifestaciones en distintas ciudades; la de Madrid tendrá lugar el jueves a las 12.00 horas y discurrirá entre la ronda de Atocha y la Puerta del Sol.
"Volvemos a las calles", "No nos engañan, la Lomce sigue en marcha" son algunos de los lemas de la nueva huelga, ya que el SE -cuenta con cerca de 20.000 afiliados a nivel estatal- critica asimismo al PSOE por pactar con Ciudadanos y no cumplir con la derogación de la también denominada "ley Wert".
La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas (Creup), que representa a cerca de 900.000 universitarios de 32 universidades públicas, está al margen de esta huelga
Según ha indicado a Europa Press la secretaria general de esta asociación estudiantil, Ana García, la aprobación la semana pasada de la proposición de ley en el Congreso para paralizar el calendario de aplicación de la 'Ley Wert' es sólo un "gesto simbólico" porque permite que "siga en marcha".
Diputados de Podemos, En Marea y En Comú mostraron su respaldo a las protestas del Sindicato de Estudiantes, la semana pasada, a las puertas del Congreso, en una rueda de prensa conjunta, y horas antes del debate en el pleno de la iniciativa del PSOE de suspender la aplicación de la ley. También IU respalda las reivindicaciones de los alumnos.
La Plataforma Estatal por la Escuela Pública manifestó su apoyo a la huelga estudiantil, como hizo en varias ocasiones la pasada Legislatura, ante la "nula aplicación práctica" de la proposición aprobada en la Cámara baja y la inminente puesta en marcha de la evaluación final de Primaria de la LOMCE, el próximo mes de mayo.
Se trata de la segunda huelga a la que se enfrenta el ministro de Educación en funciones, Iñigo Méndez de Vigo, la primera convocada el pasado 3 de marzo por el Frente de Estudiantes, un nuevo sindicato estudiantil, que llamó a vaciar las aulas de colegios e institutos en defensa de la educación pública, aunque no tuvo gran repercusión.
Además de las protestas, el titular de Educación se enfrenta estos días a la rebelión de varias comunidades autónomas que han anunciado que no van a someter a sus alumnos a la prueba final de Primaria, como es el caso de País Vasco, Canarias y Navarra.
Méndez de Vigo ha contestado que "la ley se va a aplicar", aunque se ha comprometido a que no hacer públicos los resultados de las evaluaciones para evitar los ránkings de centros educativos, "si ése es el problema" para quienes las critican.