Frente a la justificación expresada por los representantes estatales de que sí se consultó a las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial del pasado mes de mayo, el Gobierno de Canarias considera que ese no es el cauce legal previsto en la tramitación de la normativa y que no hubo una información previa del documento para poder presentar las correspondientes alegaciones. Además, el Gobierno de Canarias recuerda que lo que sí quedó de manifiesto en aquella ocasión fue el categórico rechazo de doce de las diecisiete comunidades autónomas a estas evaluaciones finales.
El recurso autorizado hoy recogerá también que el Consejo de Ministros se ha extralimitado, al aprobar un Real Decreto de carácter reglamentario mientras está en funciones. Respecto al gobierno en funciones, la normativa señala que limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas.
Sin embargo, las razones de urgencia esgrimidas en el Preámbulo del Real Decreto como fundamento para su aprobación carecen de sustantividad, según el análisis del Gobierno de Canarias, que considera la decisión de regular las evaluaciones finales de Secundaria y Bachillerato más como una decisión política que como una necesidad perentoria de desarrollo de una norma básica. Por lo tanto, el Gobierno estatal en funciones no está legitimado para adoptar esa decisión.
