Allí, la consejera canaria propuso que el Estado parta en su búsqueda del consenso del modelo vigente en Canarias, sobre el que toda la Comunidad Educativa del Archipiélago ha construido un Pacto social, político y económico por la Educación. Para explicar esa fórmula, Soledad Monzón comenzó citando el propio pacto canario:

"En los sistemas con mejores resultados educativos se parte de la concepción de que la responsabilidad de la educación es atribuida en una gran parte a la escuela, pero que la familia y la sociedad son, asimismo, agentes educadores de primer orden y también corresponsables educativos. También hay que resaltar, en este sentido, el papel activo que desempeña el estudiantado como actor principal de su propio proceso de aprendizaje.

Hay que señalar que es una constante que los mejores sistemas educativos involucran en las reformas como copartícipes al profesorado, al estudiantado y a las familias. En estos sistemas educativos la calidad se alcanza a través de la equidad, pues solo atendiendo a las necesidades educativas de cada persona se puede lograr el desarrollo de toda la sociedad.

Sin embargo, si hemos de realizar un diagnóstico, a pesar de la configuración de los derechos y los principios contenidos en el sistema educativo, "la educación en España no ha alcanzado la necesaria estabilidad, que facilite la perseverancia o la corrección en un marco estable, ni tampoco el consenso para que las fuerzas políticas construyan una política educativa de Estado, con participación social, sobre la base de un diagnóstico común y objetivos de mejora consensuados".

Esta ausencia de acuerdos ha llevado a la comunidad educativa a reclamar reiteradamente un Pacto por la Educación, ajeno a intereses partidistas, que permita estabilidad sobre objetivos y prioridades del sistema educativo, como condición sine qua non para su mejora."

Monzón resaltó que esas palabras no son suyas, sino que pertenecen a toda la comunidad educativa de Canarias y así quedó plasmado en un documento que marca las directrices básicas para el desarrollo del sistema educativo de las Islas y también sirvió de base para la redacción de la Ley de Educación no Universitaria de Canarias, lo que la consejera señaló como otro motivo para tener en cuenta este modelo de trabajo en el debate que se ha abierto en el Estado.

Con ese espíritu, invitó a los presentes a consultar el contenido del pacto canario en la página oficial del Consejo Escolar de Canarias, antes de resaltar "al menos algunos principios rectores y objetivos estratégicos sobre los que logramos ponernos de acuerdo en las islas y que, pese a su generalidad, creo que pueden guiar todos los trabajos que se desarrollen en España a partir de ahora, para alcanzar el mayor consenso posible.

1.-El primero, es la concepción de la Educación como un aprendizaje a lo largo de toda la vida, clave para el bienestar de las personas y de la sociedad.

2.-El segundo, la Equidad y la Compensación, que, aplicadas a la Educación, son uno de los mecanismos más eficaces contra las desigualdades sociales y culturales.

3.-El tercer principio rector es la Calidad y Evaluación.

4.-En cuarto lugar, en Canarias establecimos la participación, gestión democrática y corresponsabilidad.

5.-Y, por último, basamos nuestro modelo en una Educación en Valores.

Todo esto se desarrolla a través de 10 objetivos estratégicos en los que se subraya la importancia de la estabilidad del sistema educativo y se concluye destacando la necesidad de incrementar los recursos que destinamos a él."

Senadora autonómica

Unas palabras que fueron secundadas en el debate por María del Mar Julios, la senadora elegida por el Parlamento de Canarias, quien se refirió también al Pacto canario, para señalar que "entre los principios acordados en las Islas, uno destaca sobre el resto: el de la equidad. Precisamente, ese fue también el punto central del último Consejo Europeo de Educación, celebrado a finales de febrero, y al que Canarias acudió en representación del resto de Comunidades Autónomas."

Julios relató cómo en ese foro todas las naciones de Europa coincidieron en que el desarrollo de la Educación ha de partir de la equidad, entendida claramente como algo diferente de la igualdad. La senadora de la Comunidad Autónoma argumentó después que esta consideración ha de extenderse también a todos los niveles del sistema educativo. La equidad, a su juicio, no debe producirse solo en el seno de los centros escolares, entre el alumnado que es diferente entre sí: "Debe considerarse además entre los distintos territorios".

Y concluyó: "Porque no debemos obviar el hecho diferencial en el desarrollo de las políticas educativas. En el caso de Canarias, el hecho insular y su condición de ultraperiférica, que hace merecedor al Archipiélago de un trato diferenciado".