Estas siglas denuncian un "trato indignante" del Ejecutivo central hacia estos docentes desde hace décadas. "A pesar de la gravedad de este problema", insiste Crespo, "el MECD no utiliza criterio alguno por el que asignar centros al profesorado, llegando incluso a situaciones en las que una simple 'llamada de teléfono' desde Madrid indica el destino o el horario de un docente". Esto se debe a que el Ministerio se niega a realizar una ordenación de estos profesionales, según los criterios constitucionales de igualdad, capacidad, mérito y publicidad. "Y lo que es peor", alerta el portavoz sindical, "deja su nombramiento a un centro determinado o su jornada de trabajo en manos de criterios subjetivos y sin transparencia, lo que denominamos en lenguaje coloquial a dedo".
ANPE aclara que ha denunciado esta situación ante los responsables del Ministerio, tanto si el gobierno ha estado en manos del PP, o del PSOE en anteriores mandatos. Sin embargo, asegura que los gestores "en ningún caso han aceptado regularizar la situación".
En este punto, lamenta Crespo, "tenemos centros en los que las familias demandan clases de Religión para sus hijos y no pueden hacer frente a esa necesidad por falta de profesorado". Además, entre otros incumplimientos, el sindicato reclama que se adeudan determinadas partidas a este profesorado: el 1% de subida salarial que Canarias sí ha cumplimentado con sus trabajadores y el pago de los complementos por formación permanente (sexenios) que ANPE y otras organizaciones han ganado hace más de un año en los tribunales (todos los derechos laborales de este profesorado se han tenido que ir ganando poco a poco a través de sentencias judiciales). En el mes de mayo, el MECD comunicó a los sindicatos que solventarían esa deuda en verano. "Ya estamos a mediados de septiembre y todavía no se ha producido el pago de ese complemento", denuncia Crespo.
Pese al malestar de los profesores de religión en las islas, ANPE reitera su predisposición a negociar con las administraciones públicas sobre las condiciones laborales de este profesorado. Un colectivo que ejerce su labor docente en nuestro archipiélago y cubre la necesidad que la Constitución ordena en cuanto al cumplimiento de la libre elección de las familias.
