Desde el grupo claustral advierten, por un lado, "el problema económico que supone trasladarse a otra universidad fuera de las Islas", al tiempo que, por otro lado, los protocolos del proceso de gestión de la normativa de permanencia "dejan al estudiantado sin apenas tiempo para gestionar alternativas, dado que el traslado de expediente a otra universidad se debe hacer en unos plazos muy específicos".
Para AMEC, "los castigos por no cumplir los requisitos de permanencia se convierten en una medida discriminadora para el estudiantado de las Islas, frente al resto de estudiantes Universitarios del Estado". De esta forma, "a los problemas inherentes a la propia insularidad que se sufren en Canarias, se suman medidas discriminadoras como la normativa de permanencia universitaria".
Finalmente, desde el colectivo consideran necesario que las universidades canarias y la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias busquen una solución transitoria que no suponga la discriminación y la exclusión sin grandes alternativas del estudiantado afectado.