La Ley Canaria de Educación, aprobada por el Parlamento en 2014, establece, en su artículo 72, el compromiso del incremento presupuestario hasta alcanzar el 5% del PIB en 2022. En lugar de progresar hacia la consecución de ese objetivo, hasta ahora se ha retrocedido en los distintos presupuestos. Esta sería la primera ocasión desde que fue aprobada en que, al menos, se avanza, pasando del 3,52% al 3,7%. Aunque nos sitúa aún lejos de 2009, año en el que se alcanzó el 4,30%.

Equidad
La referida ley incluye distintos compromisos dirigidos a la mejora de nuestro sistema educativo no universitario, a ganar en equidad, a atender al alumnado con necesidades educativas especiales, a desarrollar la educación infantil 0-3 años, a impulsar la Formación Profesional y la enseñanza de idiomas, entre otros.

Nuestra Comunidad sigue presentando cuentas públicas en Educación inferiores a otras comunidades de condiciones económicas similares. Y es la que tiene una menor implantación del primer ciclo de educación infantil (0-3 años) y la segunda peor respecto al volumen de las plantillas docentes.

Con esta propuesta de presupuestos los servicios públicos, especialmente la Educación, no se recuperan de los duros recortes iniciados en el 2008, por lo que no se justifica bajar la contribución fiscal en más de 120 millones de euros en estos momentos. "Podríamos entender y compartir que se planteen rebajas puntuales de la fiscalidad a algunos grupos o sectores muy castigados por la crisis o la pobreza, pero siempre que otros grupos y sectores enriquecidos y beneficiados durante dicha etapa, compensen o equilibren la recaudación", aseguran. Hay que recordar que Canarias tiene una de las tasas de ingresos fiscales más bajas de España en relación a su PIB y a su renta per cápita.

Ingresos
Tras esta primera valoración del anteproyecto de Presupuestos, la Plataforma solicita a los grupos parlamentarios que apoyaron la PNL del 4% para la educación (PP, PSOE, NC, ASG y Podemos) y a los que no la apoyaron, caso de Coalición Canaria, que en la tramitación parlamentaria incrementen las partidas educativas, establezcan las prioridades esenciales del sistema educativo canario y "busquen fórmulas para compensar los ingresos ante la propuesta de rebajas fiscales planteadas y que esto posibilite mejorar el presupuesto destinado a la educación hasta el 4% del PIB deseado, acercándonos al cumplimiento de lo recogido en la Ley Canaria de Educación".