Sin embargo, dicha subcomisión se está desarrollando a puerta cerrada sin contar con los docentes ni con el resto de la comunidad educativa. Para el STEC-IC, este modo de proceder es absolutamente inadmisible ya que, en realidad, la Subcomisión de Educación del Congreso está sirviendo para que, una vez más, el Partido Popular, con la colaboración de Ciudadanos, mantengan secuestrado al resto de la sociedad el debate sobre algo tan fundamental como la educación que queremos para nuestros hijos e hijas y, posiblemente, también para las siguientes generaciones, pues lo deseable sería alcanzar un alto grado de consenso en torno al modelo educativo evitando así los vaivenes de las leyes en función de qué partido gobierne.
El escollos más difícile de salvar, debido precisamente a la postura cerril del PP, es la financiación del sistema educativo, y especialmente para la Educación Pública. Es más que evidente que ni el PP ni C's apuestan de manera clara por un modelo educativo público fuerte y de calidad que permita garantizar el derecho fundamental y universal a la educación; la defensa de la escuela pública; la promoción de la igualdad, la equidad y la inclusión como valores transversales; la garantía de una educación laica y una escuela democrática y participativa; la construcción de un currículo alternativo; y, entre otras, la consideración del profesorado como agente clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si de verdad apostaran por ese modelo educativo, no se opondrían a las más que justificadas demandas de incremento del presupuesto educativo hasta el 5% del PIB de manera inmediata y hasta el 7% en los siguientes años.
En definitiva, el gobierno del PP, con la colaboración de C's, mantiene viva la fantasía de un Pacto Educativo cuya única finalidad es perpetuar la LOMCE mientras, curso tras curso, generaciones de estudiantes sufren los perniciosos efectos de una ley, diseñada ad hoc para deseducar.
Así pues, el STEC-IC, rechaza cualquier intento de lavar la cara a la LOMCE, exige su inmediata derogación y que se negocie una nueva ley estable, que cuente con el consenso de las comunidades educativas y de aquellas organizaciones políticas que apuesten por un modelo educativo público, democrático y de calidad, debidamente atendido y financiado.