Así, estas siglas apuntan que son los profesionales de la enseñanza quienes deben reflexionar, debatir y organizar en el seno de los claustros del profesorado sobre lo que consideran adecuado para la correcta adquisición de las competencias del alumnado. Hacerlo desde fuera del Proyecto Educativo de cada centro u obligarle a través de normativa reguladora no es más que una indebida injerencia en el plano profesional de los docentes así como una oportunidad para el aumento de la burocracia en los centros.
Asimismo, en lo relativo al ámbito geográfico, el sindicato considera que este tema no constituye una prioridad para la educación canaria, frente a las carencias evidentes en otras áreas que requieren del esfuerzo de los docentes para superar los resultados académicos, como son las elevadas ratios, la debida atención a la diversidad o la escasa inversión educativa.
Sin embargo, matiza Crespo, "esto no quiere decir que no veamos lógico un equilibrio en la cantidad de tareas si hay una fecha de examen cerca, o una coordinación entre docentes para no sobrecargar al alumno por falta de comunicación entre departamentos; correcciones que deben gestionarse desde los claustros". "Lo que subyace en esta aparente lógica racionalización de las tareas que nosotros compartimos", alerta el presidente, "es una ideología para socavar la autonomía de los centros y equipos docentes restando de la forma más antidemocrática la libertad de cátedra y la autoridad del profesorado". Para ANPE Canarias, ceder ante esta intromisión por la forma en la que se quiere implantar la solución sería desistir ante las premisas de un sindicato: defender al profesorado y contribuir a la mejora de la dignificación de nuestra profesión.
Para concluir, el sindicato recuerda que esta polémica surge a nivel nacional desde un colectivo de padres y madres que no representa a la totalidad de las familias de la educación pública y que tiene un marcado tinte político. "Heredar batallas sin conocer la raíz tiene el riesgo de convertirnos en marionetas de intereses ajenos y, sin mala voluntad, podemos restar los derechos de trabajadores preparados y competentes, con la gravedad que el cercenar sus funciones acarrearía para la educación pública en Canarias, y por ende, para los miles de alumnos que dejarían en manos de la improvisación su futuro académico", argumenta el presidente autonómico del sindicato.
