Tras la publicación del Real Decreto-Ley 14/2012, y alegando la coyuntura de crisis económica, el Gobierno Central implementó en educación un conjunto de recortes que incluían, entre otros, la ampliación de la jornada lectiva, la limitación de la tasa de reposición del profesorado de la enseñanza pública, que quedó reducida al 10%, o el retraso de hasta diez días en la sustitución del profesorado. Estos recortes, ampliados y secundados por el Gobierno de Canarias, han deteriorado profundamente la situación laboral de las y los docentes de las islas desde hace demasiados años.
A la vista de los datos macroeconómicos presentados por el propio Ejecutivo en los Presupuestos Generales del Estado, CCOO requirió a través de un contencioso administrativo la suspensión sine die de la aplicación de este Real Decreto-Ley.
Ante la inacción del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte anterior al respecto, CCOO elevó el pasado mes de abril a la Audiencia Nacional la impugnación de este Real Decreto-Ley. Con su admisión a trámite, la Audiencia Nacional avaló el criterio del sindicato, lo que supone un duro varapalo a las políticas de recortes.
Una sentencia favorable a CCOO podría suponer la suspensión de unos recortes que han marcado el deterioro del sistema educativo en los últimos años y permitiría la reducción de un 10% en las ratios, la sustitución inmediata del profesorado que cause baja o la recuperación de la jornada lectiva.
El aumento del 20% del ratio profesorado/alumnado provocó la masificación de las aulas en toda Canarias, en detrimento de la atención al alumnado. A esto hay que sumarle la imposibilidad de sustituir al profesorado hasta pasados diez días lectivos de la ausencia del titular, lo que en la práctica son dos semanas naturales sin el profesorado en las aulas. El incremento en Secundaria de la jornada lectiva, de 18 a 20 horas, y la jornada de permanencia semanal del profesorado, de 24 a 26 horas, supuso en la educación pública un aumento de la temporalidad en el empleo, hasta el punto de que uno de cada cuatro docentes es temporal, así como la pérdida más de 1.500 puestos de trabajo y el aumento del volumen de jornadas parciales.
Las recientes afirmaciones provenientes del ahora Ministerio de Educación y FP, en el sentido de mostrar su voluntad de derogar "con celeridad" la norma en cuestión, que "tenía como único objetivo la reducción del gasto público, sin tener en cuenta las consecuencias de sus medidas en el funcionamiento de los centros educativos y en las condiciones de trabajo del profesorado" van en la línea de lo defendido insistentemente desde CCOO.
La vía jurídica emprendida por nuestro sindicato, avalada con la admisión a trámite por parte de la Audiencia Nacional de nuestra impugnación, se ha mostrado, una vez más como la más adecuada para desencadenar una salida razonable a una situación profundamente injusta para el profesorado canario. No ocurre lo mismo con las desafortunadas "campañas de camisetas" o de "recogida de firmas" que encontramos en algunos centros y en redes sociales fomentando acciones entre el colectivo docente que no abordan el problema ni en el nivel ni el ámbito que corresponde, y que solo sirven para confundir al profesorado.
