CCOO expresa su denuncia por el hecho de que la Administración Educativa haya provocado un inicio de curso confuso y farragoso por una mala organización y gestión de los nombramientos. El solapamiento de varios procesos de ampliación de listas en los diferentes cuerpos docentes y de convocatoria de oposiciones en las mismas especialidades, ha traído consigo un conflicto de gestión en unas listas de empleo agotadas desde hace años, tal y como habíamos anunciado hace tiempo desde nuestra organización.

Desde el pasado 7 de septiembre se ha recurrido en numerosísimas ocasiones a nombramientos derivados de ofertas excepcionales ("ofertas web") que no se contemplan en el trámite habitual de las listas de empleo. Además, la disfunción producida por el abuso en la utilización de un procedimiento no ordinario y la incertidumbre de lo que está ocurriendo al quedar desiertas estas ofertas web, desvela una falta de transparencia administrativa en relación a los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

Por otro lado, la desacertada decisión de la Consejería de Educación de no reconocer los efectos económicos y administrativos de los días 1 y 2 de septiembre de 2018 a todo el personal docente interino o en prácticas, ha provocado un evidente agravio comparativo de este colectivo con respecto al del funcionariado de carrera. Esta discriminación ya ha sido censurada en varias ocasiones por normativa europea y por decisiones judiciales.

Desde CCOO exigimos a la Administración Educativa Canaria la mejora de la gestión de las listas de empleo, cerrando los procesos de ampliación de listas de empleo de maestros, aclarando de manera definitiva bien la publicación de las listas definitivas fruto del proceso de ampliación de listas de marzo de 2018 o bien ampliando las listas existentes mediante la aplicación de lo establecido en la disposición transitoria quinta de la Ley de presupuestos de la CAC para 2018, y el reconocimiento inmediato de los dos primeros días de septiembre de 2018, como de incorporación real al personal interino y funcionariado en prácticas, y la consiguiente repercusión en sus efectos económicos y administrativos.