La LCE establece en su artículo 72.3 lo siguiente: "El Gobierno de Canarias, con la finalidad de alcanzar los objetivos de la presente ley, incrementará progresivamente los recursos económicos destinados al sistema educativo. A estos efectos, el presupuesto educativo deberá situarse progresivamente, dentro de los ocho años siguientes a la entrada en vigor de la presente ley, como mínimo en el 5% del producto interior bruto."
Esa progresividad en modo alguno se ha cumplido, dañando al sistema público
y mostrando un escaso interés del Ejecutivo en ir dotándolo de recursos que permitan su avance y acercarnos a la media estatal en este ámbito, condicionando el presente y el futuro de Canarias. Esta circunstancia se repite en el caso del Presupuesto de la Comunidad Canaria para 2019. La realidad es que en las cuentas públicas para el próximo año la Educación apenas supera el 3,6% del PIB canario, muy lejos del 4% mínimo que se precisaría.
Todos los grupos del Parlamento de Canarias, teniendo en cuenta que quedan cuatro ejercicios para el cumplimiento del objetivo del 5% del PIB, han instado al Gobierno canario a que el presupuesto de educación de 2019 se sitúe ya por encima del 4% del PIB. Una demanda que han secundado el Diputado del Común, el Consejo Escolar de Canarias, las universidades públicas de las Islas y los sindicatos docentes y no docentes, así como numerosos claustros, consejos escolares y asociaciones de madres y madres de alumnado.
Problemas y retos
La Plataforma recuerda algunos de los problemas y retos de la Educación canaria, entre ellos el retraso socioeconómico y cultural de la población adulta, la débil implantación de la infantil 0-3 años, los graves déficit de las plantillas docentes, así como en las infraestructuras los insuficientes recursos para asegurar la accesibilidad universal, o la insuficiente oferta de servicios complementarios. Generar las condiciones para superar esos retos y problemas es apostar por una Canarias con gente mejor más formada y con más oportunidades, señalan.
