La sentencia resalta que el acta de la Inspección de Trabajo que derivó en la denuncia se basa en cuestiones más formales del contrato administrativo suscrito, que en cuestiones de hecho relacionadas con el desarrollo del proyecto.
El proyecto suponía la dotación de un recurso para la mejora en la enseñanza y el aprendizaje de la lengua inglesa y como tal se trató, utilizando para su puesta en práctica a profesionales autónomos que cumplían con el requisito de ser nativos hablantes de esa lengua.
Esta sentencia supone que la consideración administrativa que se había dado desde la Consejería a este proyecto era correcta. Los 107 auxiliares de conversación de inglés que desarrollaban sus tareas en los centros públicos de esta provincia, apoyando la mejora de la competencia lingüística, estaban bien encuadrados en el modelo de contratación empleado.
El fallo desestima la demanda interpuesta el pasado 15 de noviembre de 2011 por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, frente a la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, con el siguiente tenor: "Se desestima la pretensión y no se declara la naturaleza laboral de la relación entre la Consejería demandada y los auxiliares de conversación en inglés señalados en los autos".
