En Canarias iniciamos a partir de hoy una campaña en la que, en primer lugar, nos hemos dirigido a la Consejera de Educación con la intención de que establezca las medidas oportunas para neutralizar las intenciones de HazteOir mediante la elaboración de resoluciones con instrucciones claras, concretas y contundentes, y, a continuación, nos dirigiremos a los centros educativos y personal docente para que se sumen a esta campaña.
La Federación de Enseñanza de CCOO (FECCOO) ha presentado ya una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, con el fin de que estudie las actuaciones emprendidas por la asociación HazteOir, ya que podríamos encontrarnos ante un delito de odio, tipificado en el artículo 510 de nuestro Código Penal.
A mediados de septiembre, HazteOir remitió a centros educativos de todo el Estado, incluida la Comunidad Autónoma de Canarias, una carta en la que informaba de la campaña "Mis hijos, mi decisión", que tiene como objetivo principal la instauración de lo que se conoce como "PIN Parental", que no es otra cosa que una solicitud de información previa y de consentimiento expreso para la información de contenido afectivo-sexual, impartida en horario escolar, lo que ha sido percibido por FECCOO como "una provocación a la intolerancia, al odio y a la discriminación".
Dichas actuaciones agreden las normas básicas de convivencia basadas en el respeto y la tolerancia, de manera que toda la sociedad se vea concernida por la expresión de las ideas que contrarían abiertamente los mensajes de tolerancia que el ordenamiento jurídico, como instrumento de control social, expone a la ciudadanía que los hace propios.
De igual manera, el sindicato solicitará a la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia que remita el requerimiento al Gobierno español para que legisle la protección de la educación en los principios de igualdad, no discriminación y tolerancia, y persiga actuaciones como las realizadas por esta asociación de extrema derecha.
FECCOO exige una ley de protección de las personas LGTBI en el ámbito educativo y una protección de nuestro ordenamiento jurídico ante actos provocadores e incitadores a la intolerancia. Además, solicitamos al Gobierno de Canarias, que cuenta con legislación en contra de la discriminación por razón de orientación e identidad sexual, que declare la ilegalidad de los actos llevados a cabo por la asociación HazteOir, a la vez que instamos a la Administración educativa para que ofrezca la seguridad jurídica necesaria a los cuerpos docentes, equipos directivos, madres y padres ante estas medidas coactivas.
Es necesario respetar los consensos sociales, huyendo de éticas privadas y valores individuales de grupos particulares que solo conducen a actitudes discriminatorias y enfrentamientos.
