En este sentido, la consejería del área, María José Guerra, ha suscrito un manifiesto ratificado por otras siete consejeras y consejeros españoles en el que se insiste en la obligación de los poderes públicos "de proteger y garantizar el derecho a la educación de los menores y sus derechos fundamentales, recogidos en la Constitución y en otras leyes vigentes" y se recuerda que "el cauce participativo de los padres y madres reside en las Asociaciones de Madres y Padres del alumnado (AMPAS)" y que "en los colegios e institutos, a través de sus Consejos Escolares y proyectos de centros, la comunidad educativa compuesta por profesorado, las madres y los padres y el alumnado, a través de sus representantes, acuerda sus programaciones pedagógicas bajo la supervisión de la Inspección que es la encargada de validarla con criterios científicos y jurídicos".
Guerra ha señalado que "el interés de los y las menores en formarse un juicio independiente necesita información plural, y, por lo tanto, el ámbito educativo no puede admitir de ninguna manera vetos o censuras, que constituyen una intromisión intolerable y, en mi opinión, pretenden erosionar el clima de confianza y cooperación entre las familias y la escuela, a la vez que atentan contra los principios de la democracia".
Asimismo, ha reconocido la labor que vienen realizando los equipos directivos y el personal docente en los centros educativos de Canarias en favor del desarrollo y la consolidación de los valores democráticos de la convivencia y de las libertades fundamentales.
La Comunidad educativa de Canarias, y la de todo el país, forma a ciudadanos y a ciudadanas para que reconozcan y aprecien los principios constitucionales de igualdad, libertad y pluralismo político.
Desde el departamento regional se insiste en que desde las aulas canarias se educa a los alumnos y alumnas para que se conviertan en personas que sean capaces de convivir con las diferencias y de demostrar el máximo respeto a los demás y que el marco jurídico actual avala decididamente la educación para la igualdad, la libertad y la democracia.
Asimismo, se recuerda que la intolerancia, el rechazo a las diferencias y la propagación del odio no tienen cabida en nuestras aulas, y que los prejuicios que históricamente han dado pie a las desigualdades y a las discriminaciones (misoginia, homofobia, racismo, etc.) deben ser erradicados, ya que una educación rigurosa y de calidad exige la transmisión y la enseñanza del conocimiento científico, y debe fomentar los valores democráticos.
La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes impulsa el desarrollo del artículo 23 de la Ley Canaria de Educación No Universitaria de 2014, que fue aprobada por unanimidad de todas las fuerzas políticas. Dicho artículo conmina a implementar «acciones encaminadas a incorporar al funcionamiento del sistema educativo una educación en valores tales como la educación ambiental, la cultura de la paz, la convivencia y la igualdad de todos y de todas, independientemente de su identidad sexual y de género».
Asimismo, el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea prohíbe expresamente «toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo u orientación sexual».
Finalmente, el marco normativo curricular prescriptivo de todas las etapas contiene, en sus principios generales, el progresivo desarrollo afectivo que facilite la construcción de nuevos vínculos y relaciones, para que el alumnado pueda elaborar una imagen positiva y equilibrada de sí mismos, y adquirir autonomía personal y hábitos de control corporal.
Para este fin, se considera necesario abordar aspectos relacionados con los cambios corporales del ser humano, así como las relaciones afectivo-sexuales, tal como viene reflejado en todos los currículos tanto de ámbito estatal como autonómico. La educación para la igualdad y la educación afectivo-sexual se inscriben en el marco normativo aludido.
