La organización sindical señala que el Estatuto Básico del Empleado Público establece que las Administraciones Públicas determinarán los supuestos de concesión de permisos a los funcionarios públicos, así como sus requisitos, efectos o duración, y, en defecto de legislación aplicable, la duración de los permisos será por el tiempo indispensable para el cumplimiento del deber inexcusable de carácter público o personal y por deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar.
Pedro Crespo, presidente de ANPE Canarias, recuerda que el sindicato lleva tres años reclamando a la Administración Educativa la modificación del reglamento de permisos y licencias para que dé cabida a estos supuestos. "En todos los casos que cumplan con el mencionado requisito, los permisos que se concedan se deben extender durante todo el tiempo que se precise, hasta que el médico considere que es necesaria la atención domiciliaria al menor".
El sindicato presentó el primer escrito en marzo de 2017, hace casi tres años, y desde entonces no ha dejado de insistir, sin éxito, para que Educación garantice un derecho que afecta tanto a los profesionales como a los menores. Además, en cada una de sus comunicaciones con la Administración le ha recordado que desde 2013 existe un informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que especifica que "la paternidad constituye una obligación personal de carácter inexcusable" y que "el deber de velar por los hijos e hijas menores está estrechamente ligado con la prestación de cuidados en el domicilio, siempre que se encuentre avalada por un certificado médico".
Además de esta propuesta, la organización también planteó una serie de medidas complementarias para mejorar el reglamento de permisos y licencias que contribuyan a la conciliación real de la vida familiar y laboral del profesorado.
