No se observa un compromiso claro, mediante una ficha financiera para su aplicación, de mayor inversión en educación que debe alcanzar en un futuro no muy lejano el 7% del PIB, para poder afrontar las necesidades inmediatas de nuestro sistema educativo. Además, se quita peso a las comunidades autónomas en la definición de los contenidos del currículum, tendiendo a una mayor centralización del mismo.
En cambio propone cambios interesantes como la eliminación de los itinerarios educativos por capacidades académicas, que generaban discriminación y segregación del alumnado con necesidades educativas especiales o con carencias que justifican una mayor y mejor atención a la diversidad, recuperando los programas de diversificación curricular.
Así mismo pretende mejorar las altas tasas de repetición, de fracaso escolar y abandono escolar temprano, para lo que se da mayor peso a la decisión del equipo pedagógico en lo referente a la promoción o titulación del alumnado. Esto llevará a una mayor avance en el terreno del trabajo cooperativo e inclusivo por parte del profesorado.
Se recuperan afortunadamente competencias por el consejo escolar del centro, que la LOMCE otorgaba exclusivamente a las directoras o directores. La selección de estos cargos vuelve a ser más participativa y democrática.
Dentro de lo más positivo del proyecto destacamos la potenciación de la Formación Profesional y la implantación progresiva de la enseñanza infantil de 0 a 3 años.
Una última novedad positiva reside en la eliminación de las reválidas, que nunca han sido aplicadas por la gran presión social contra esta medida regresiva, retomando las pruebas de diagnóstico de sexto de primaria y de cuarto de la ESO. Aunque esto último sigue siendo un efecto inducido por los informes PISA (elaborados por entidades privadas). El gobierno continúa así dando crédito a esta evaluación comparativa entre sistemas educativos diferentes, que jamás puede dar resultados suficientemente fiables como para influir en las decisiones de los países que participan en él.
Todo ello presentado con prisas e improvisaciones, intentando evitar parte del debate pues se dispone de una estructura parlamentaria demasiado complicada como para que este proyecto se pueda convertir en realidad con cierta reflexión, facilidad y holgura.
Desde Comisiones Obreras trabajaremos para mejorar, si es posible mediante enmiendas, determinados aspectos de este proyecto, apostando decididamente para que la Ley sea una realidad y acabe definitivamente con los aspectos más nocivos de la LOMCE.