Estas acciones, que cuentan con el apoyo de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE), de los Consejos de Estudiantes de las dos universidades públicas del Archipiélago, se sustentan en dos pilares, que ningún alumno o alumna pierda el curso como consecuencia de la crisis, y en evitar que ésta suponga un sobrecoste académico al estudiantado ni a sus familias.
Así, se ha acordado que la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria identificarán entre su alumnado a quienes, a causa de esta crisis sanitaria, no puedan hacer frente a los pagos de matrícula que tienen pendientes y les eximirá, total o parcialmente, de los mismos. Las universidades utilizarán para ello sus propios recursos de asistencia social. Una vez concluido el proceso, cada universidad enviará a la Dirección General de Universidades un informe justificativo de las acciones realizadas y desde este departamento autonómico se compensará a cada uno de los dos centros por los importes de matrícula no percibidos, con un límite de 250.000 € por cada universidad.
Asimismo, con la concurrencia de los Consejos Sociales de las dos Universidades públicas, de quienes depende la definición de las normas de progreso y permanencia en los estudios, se acuerda no contabilizar las convocatorias agotadas y no superadas en el curso 2019/20 a ningún efecto y, específicamente, en lo relativo al progreso y permanencia, y en cuanto a los importes de matrícula a abonar en cursos sucesivos.
Según la normativa vigente, el alumnado becado que no supere los créditos establecidos en la convocatoria de becas debe devolver la ayuda recibida, excepto la de matrícula. En este sentido, la posible disminución del rendimiento académico producida por el confinamiento puede tener como resultado que estudiantes que habrían superado el curso académico con un rendimiento adecuado, caigan por debajo del umbral marcado en la convocatoria. Por ello, la Dirección General de Universidades junto con las universidades públicas canarias, propondrán a la Comisión de Becas, que es la competente para tomar la decisión, librar de la obligación de devolver las becas recibidas en este curso 2019/20 al alumnado que no cumpla los requisitos académicos establecidos en la convocatoria. Desde la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, se pedirá al Ministerio, directamente y a través de la Conferencia General de Política Universitaria, que adopte medidas similares.
Además, el Ejecutivo canario, a través de la Dirección General de Universidades, asume el compromiso de estudiar para paliar los efectos de la epidemia en la próxima convocatoria de becas, referida al curso 2020/21, en lo relativo a umbrales de renta y de rendimiento académico, y de trabajar con el Ministerio de Universidades, a través de la Conferencia General de Política Universitaria, en esta línea.
