Los directores resaltan la importancia de mantener la FBI y denuncian una "discriminación negativa en razón de edad" por parte de la Administración, que limita la formación no solo a personas mayores que acceden a la educación por esta vía, sino a otros colectivos como los de inmigrantes que buscan aprender el idioma para integrarse en nuestra sociedad, personas con discapacidad o alumnos que provienen de centros penitenciarios.
El colectivo afirma que "más de 4500 alumnos se verían afectados por esta 'suspensión temporal´ de la FBI en toda la Comunidad Autónoma, existiendo más de 200 grupos de Formación Básica y más de 110 profesores que la imparten en todo el Archipiélago". Así, proponen reformar este sistema para flexibilizar la demanda y poder incorporar a un mayor número de perfiles.
Durante la cuarentena, los CEPA han hecho uso de las nuevas tecnologías como herramientas básicas para mantener el contacto con el alumnado y poder, así, enviar tareas relacionadas con las materias que conforman el currículo de la FBI, así como corregirlas, aclararlas o explicarlas. Aunque la organización afirma que el "porcentaje de participación ha sido alto, hay que mencionar que lógicamente ha habido un número de alumnos que no disponen de móviles con las aplicaciones utilizadas por distintos motivos" y que han sufrido la brecha digital, viéndose perjudicados al no poder acceder a la enseñanza y viendo dificultada su formación por la situación de alarma.
Rafael Yanes aboga por mantener la Formación Básica Inicial para personas adultas, y afirma que "en la línea de defensa de los derechos fundamentales que tiene encomendada la Diputación del Común, interesarnos ante la Consejería de Educación para saber si es cierto si se pretende suprimir un servicio tan importante como este para un sector de la sociedad".