La organización sindical alertó por primera vez de esta situación en agosto, cuando dirigió un comunicado a los medios de comunicación advirtiendo del estado de vulnerabilidad en el que se hallaban alrededor de 5.000 docentes diagnosticados con patologías que los hacían especialmente sensibles a la enfermedad. Una vez iniciado el curso el 1 de septiembre, y tras comprobar la inacción por parte de la Administración Educativa, a quien le había hecho llegar numerosos requerimientos, ANPE presentó una queja formal ante la Diputación del Común el día 4 explicando la situación. Sin embargo, hoy, 21 de octubre, casi dos meses después de que se retomara la actividad lectiva, muchos de estos docentes continúan esperando que se tomen las medidas oportunas para desarrollar su labor sin peligro.
ANPE Canarias subraya que ya ha emprendido acciones legales y que seguirá luchando por que se cumplan las normativas vigentes en materia de prevención de riesgos laborales en los centros educativos. Además, lamenta que la Administración haya contratado a una empresa como Quirón Salud, que no solo no está adaptando el puesto de trabajo de los docentes, sino que está emitiendo informes que no se ajustan a la realidad de las actuaciones emprendidas por la empresa. En algunos casos, la entidad médica solicita informes médicos y en otros no, sin tener en cuenta las patologías previas ni evaluar presencialmente a los afectados.
"Nos parece intolerable que se esté tratando de esta forma a un colectivo especialmente vulnerable. Tomar medidas para estos docentes no es complicado, pero no hay voluntad política. Solo estamos pidiendo que se cumpla con la normativa de prevención de riesgos laborales y que, además, se tenga un poco de responsabilidad y sentido común. Estamos cansados de tanto desprecio hacia la enseñanza y sus profesionales", lamenta Pedro Crespo, presidente de ANPE Canarias.
