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20 Nov

ANPE Canarias denuncia la falta de diálogo y consenso en la aprobación de la LOMLOE

Canarias/ El sindicato lamenta que la ley ya nazca con la amenaza de su derogación cuando se produzca un cambio de gobierno, igual que ha sucedido con otras leyes educativas.

ANPE Canarias denuncia la falta de diálogo, negociación y consenso en la aprobación de la LOMLOE. El sindicato con más representación en la enseñanza pública no universitaria de las Islas lamenta que la falta de talante que ha caracterizado a la tramitación y aprobación de la nueva ley educativa le augure una corta vida, puesto que ya la oposición ha anunciado que la modificará o derogará cuando se produzca un cambio de gobierno, como ha ocurrido con otras leyes educativas.

El sindicato califica de "proyecto apresurado" el nuevo texto legal, cuyo objetivo inicial era derogar la LOMCE y volver a los postulados de la LOE-LOMCE. Sin embargo, "tras la intervención de los grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno y la asunción de algunas enmiendas, han convertido aquella propuesta inicial en un texto todavía más ideologizado, mediante la incorporación de medidas muy polémicas y controvertidas que polarizan y fraccionan cada vez más las posiciones políticas, sociales y territoriales en el ámbito educativo", advierte Pedro Crespo, presidente de ANPE Canarias.

A juicio del sindicato, la enmienda pactada en la que el castellano deja de ser lengua vehicular atenta contra el derecho de una parte significativa del alumnado en determinadas zonas de España al no poder recibir las enseñanzas obligatorias en su lengua materna. ANPE entiende que el Gobierno debe proteger los derechos lingüísticos de todos sus ciudadanos y que la desaparición del castellano como lengua vehicular afectará también al carácter estatal de los cuerpos docentes. "Confiamos en que los partidos que tengan grupo parlamentario con capacidad de recurrir lo hagan ante el Tribunal Constitucional", subraya la organización.

Por otro lado, la búsqueda de promocionar y titular de manera semiautomática al alumnado "quiebra los valores de esfuerzo y mérito, y no es la solución contra el fracaso escolar". El alumnado de la enseñanza pública será, en opinión del sindicato, el más perjudicado por esta medida, fundamentalmente el de las clases sociales más desfavorecidas, pues este alumnado no podrá compensar los déficits de aprendizaje por otro medio distinto.

Asimismo, la pérdida de los contenidos comunes que adelgazan el currículo básico y común, que corresponde al Estado, "ahonda más en la desvertebración educativa". En algunas enmiendas se ha planteado rebajar al 50% la competencia del Estado al fijar el currículo básico y el otro 50% a las autonomías, por no hablar de la pérdida cada vez más evidente de las humanidades en el currículo que detecta la central sindical.

Por último, para ANPE resulta sorprendente la propuesta sobre el desarrollo de la profesión docente, que deja en manos de las comunidades autónomas la normativa que regula la formación inicial y permanente, el acceso y el desarrollo profesional docente.

Desde ANPE se exige que sea el Ministerio el que elabore una propuesta, una vez oídas a las comunidades, para ser negociada con los representantes del profesorado. "Proponemos que se articule, en el marco de un Estatuto de la Función Pública Docente, el ingreso y acceso a los cuerpos docentes, el establecimiento de la carrera profesional docente desde el ingreso hasta la jubilación, regulando y consolidando un sistema de jubilación anticipada. Además de establecer en la futura norma el derecho de movilidad del profesorado por todo el Estado, manteniendo para ello el carácter estatal de los cuerpos docentes. Si no se observan estas previsiones nos veremos abocados a la configuración de hecho y de derecho a 17 sistemas educativos distintos y diferentes en nuestro Estado", apunta Crespo.

La LOMLOE es la enésima ley educativa de España y estará "muy alejada del acuerdo básico o pacto de estado que hubiera permitido sentar las bases de la reforma profunda y global que necesita la educación en España y que hasta ahora ha tenido como guía el artículo 27 de la Constitución y la interpretación que de ello ha hecho la jurisprudencia del Tribunal Constitucional".

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