El vicerrector explicó que la elaboración y redacción de este reglamento obedece a que los nuevos estatutos aprobados este mismo año recogían que, en un plazo de tres meses después de su puesta en marcha, el sistema de evaluación y calificación de la institución debía ser reformado para que se adaptara a la nueva norma de autogobierno del centro. De paso, también se ha encardinado esta normativa con lo dispuesto por el Real Decreto 822 sobre organización de las enseñanzas universitarias.
Torres explicó que la normativa, de siete capítulos y 32 artículos, considera que la evaluación continua será la evaluación por defecto en la primera de las tres convocatorias disponibles, a menos que el alumnado solicite acogerse a la evaluación finalista dentro de un plazo determinado. Reflexionó, además que la evaluación continua no es extraña en la Universidad de La Laguna y en algunas facultades, como la de Educación y de Bellas Artes, es una práctica perfectamente asumida y practicada en todas las asignaturas, incluso en grupos numerosos.
Explicó que eso es posible porque el profesorado ha contado con oportunidades de formación sobre evaluación continua, las cuales se van a ver reforzada para el próximo curso, especialmente aquella centrada en la gestión de grupos grandes a través de Moodle. La normativa fue aprobada, pero se revisará un artículo que fue muy debatido, referido al derecho del alumnado a asistir a la revisión de exámenes acompañado, que será reescrito para aclarar mejor sus contenido.
Otra normativa que fue aprobada en la sesión de hoy, esta vez por asentimiento, fue el reglamento de voto electrónico en los procesos de elección de los órganos de gobierno y representación de la Universidad de La Laguna, que fue presentado por la Secretaria General, Elvira Afonso. Esta normativa da respuesta a una propuesta de resolución aprobada por el Claustro y se enmarca dentro de la apuesta institucional por la modernización y eficiencia de todos los procesos internos de la universidad. Una vez establecido el procedimiento de voto a través de este reglamento, ahora se buscará la plataforma tecnológica que lo facilite, la cual debe cumplir con los requisitos de seguridad, anonimato y otras garantías.
En la sesión de hoy también se aprobaron dos contratos plurianuales para la mejora de la modernización y sostenibilidad de la institución, presentados por el gerente, Juan Manuel Plasencia. El primero, por valor de unos 554.000 euros, es para seguir avanzando en la robotización de tareas administrativas repetitivas, para optimizar el rendimiento del persona que, una vez liberado muchas de estas tareas, puede dedicarse a otras funciones de mayor valor añadido. La financiación para este contrato proviene de una subvención directa del Ministerio de Universidades para la mejora administrativa, tendrá una duración de quince meses y podría ser ampliado por otro periodo similar siempre que vuelva a haber financiación.
A instancias de algunos consejeros, el vicegerente de Planificación Estratégica, José Carlos González, explicó que esta automatización de los procesos parte de un estudio previo sobre las necesidades administrativas y, en todo caso, las robotizaciones siempre se aplicarán a instancias de las personas responsables de cada servicio. En este sentido, reveló que ya existe una cuarentena de solicitudes de robotización pendientes de poner en marcha.
El segundo contrato plurianual aprobado asciende a 1,1 millones y servirá para la instalación de placas fotovoltaicas para autoabastecimiento eléctrico en edificios como el del SEGAI, la Facultad de Derecho, el Estabulario y Animalario, la Sección de Arquitectura Técnica y la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación. El criterio para seleccionar sobre qué edificios se actuaría fue que sus tejados no necesitaran obras de impermeabilización y que su instalación eléctrica admitiera esta actuación, con la cual se espera un ahorro medio del 30% de consumo por edificio. En todo caso, el gerente señaló que la intención es dotar a todos los edificios de instalación fotovoltaica, pero se han priorizado aquellos en los cuales no será necesaria una obra previa.