La coordinadora General del sindicato Docentes de Canarias – INSUCAN, adoptó por unanimidad el acuerdo de proceder a la impugnación de las ofertas de empleo público en educación de hasta 13 comunidades autónomas, al considerar que la falta de unificación de criterios a la hora de establecer el número de plazas ha generado diferencias abismales entre unas regiones y otras, provocando un posible desplazamiento de opositores hacia los territorios con más opciones, siendo Canarias y los profesionales que desempeñan su labor en las islas los más afectados al establecer 4.333 plazas. Dicho procedimiento, de carácter administrativo, ya ha sido admitido a trámite por lo que se espera que el desarrollo de las siguientes fases no se alargue demasiado en el tiempo.
Tras impulsar la acción conjunta de todos los sindicatos con representación en la enseñanza pública no universitaria de Canarias, reunirse con el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres y con la consejera de Educación, Manuela Armas e instar a la administración regional a comprometerse a realizar una serie de acciones que tienen como objetivo preservar los derechos y la protección del empleo del profesorado que se verá afectado en caso de que continue el proceso de estabilización de empleo a nivel nacional, tal y como está previsto, ahora Docentes de Canarias INSUCAN ha dado un paso más en este camino para que la estabilización se produzca de una forma justa y equitativa, sin perjudicar los intereses de los docentes de las islas.
Evelin Díaz, coordinadora general de Docentes de Canarias – INSUCAN ha afirmado que "No admitiremos que la solución al problema que ha generado para los docentes de las islas el procedimiento de estabilización de empleo se resuelva con una reducción de plazas en Canarias. Es necesario que se revisen y unifiquen los criterios para que no se vean perjudicadas las comunidades que lo han hecho bien, sino que el resto de regiones modifiquen y ajusten a la realidad de sus territorios las plazas ofertadas, por ello pusimos el asunto en manos de nuestro departamento legal e iniciamos el procedimiento de impugnación en 13 comunidades autónomas y esperamos que impere el sentido común y la lógica".