La importancia de este aumento se plasma en las mejoras que implicará para el sistema educativo canario en ámbitos como la escolarización de los menores de 3 años en educación infantil, el incremento de las plantillas docentes y de personal de apoyo, la ampliación de la oferta de la Formación Profesional y de otros servicios e infraestructuras.
Desde que se aprobó la Ley en el 2014, los presupuestos educativos deberían haber crecido a un ritmo del 0,17% anual para alcanzar el 5% en 2022. Lamentablemente, en las dos legislaturas anteriores la inversión respecto al PIB fue decreciente, con lo que se perdió un tiempo fundamental en la senda prevista. En la actual legislatura, la inversión educativa ha crecido en un promedio del 0,25% anual, lo que ha supuesto un 1% de crecimiento total respecto al inicial. De mantener este ritmo de crecimiento en la inversión (0,25% anual), se logrará llegar al 5% en el presupuesto de 2025 y éste es un objetivo inexcusable.
El crecimiento del presupuesto educativo previsto en la Ley Canaria de Educación hasta alcanzar el 5% del PIB es una condición básica para el desarrollo de los programas y medidas educativas que permitan a Canarias reducir la brecha educativa que nos separa del resto de España y revertir la desventaja educativa que compromete las oportunidades de nuestra infancia y juventud.
Situar la inversión educativa en el 5% del PIB es una necesidad social que debe estar por encima de las coyunturas económicas para acelerar las mejoras educativas en curso y contribuir al bienestar social y económico de la población canaria.