"Van a venir unos tiempos apasionantes, porque la LOSU deja muchas puertas abiertas que permitirá modular y mejorar su aplicación en Canarias, otorgando una mayor participación de la sociedad en el gobierno y la gestión de las universidades". En este sentido, Ángel Tristán añadió que Canarias necesita reducir la distancia existente entre la universidad y el tejido productivo y social, para avanzar en la transferencia de resultados, en la puesta en valor por el sector productivo de la mucha y buena investigación que se hace en nuestras universidades y en su transformación en desarrollo económico, creación de puestos de trabajo y mayor bienestar social.
En su opinión, la LOSU, aunque tenga defectos, introduce el 'compliance' o el cumplimiento de los principios éticos y de integridad académica, así como las directrices antifraude, cuya vigilancia asigna a los consejos sociales, cuestiones "que son muy complejas y exactamente iguales y obligatorias para las empresas que, si no se cumplen, pueden derivar en una responsabilidad penal corporativa". Precisamente, este será el tema de las jornadas nacionales que organizará el Consejo Social de la ULPGC en la próxima edición de la Universidad de Verano de Maspalomas, en el mes de julio, donde la conferencia inaugural estará a cargo de Manuel Marchena, magistrado del Tribunal Supremo y presidente de la Sala Segunda de lo Penal.
Ángel Tristán dijo que la LOSU tiene algunos aspectos positivos, si bien lamentó, al igual que la Conferencia de Consejo Sociales, que "no sigue las directrices de la OCDE, ni de la Unión Europea en materia de buena gobernanza", y puso como ejemplo el sistema continuista escogido para España, que resta autonomía a las universidades debido, entre otras cuestiones, al sistema de elección del rector o la rectora.
Para terminar, Ángel Tristán leyó el comunicado de la Conferencia de Consejos Sociales en el que manifiesta que la LOSU no va a ser un instrumento normativo adecuado para dar solución a ninguno de los problemas endémicos que vienen limitando el funcionamiento interno y la excelencia internacional de nuestra academia. "No es realista pensar que una sociedad, a la que se expulsa de la gobernanza de su universidad, la priorice, después, en sus decisiones de gasto público".
Pronunciamiento de la CCS
El Comité Ejecutivo de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas que aglutina a estos órganos de todas las universidades públicas y a consejos y patronatos de universidades privadas- aprobó el 13 de marzo hacer público su pronunciamiento sobre la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) sobre la que "lamenta que no responda a las necesidades reales de las universidades españolas".
En su comunicado, la Conferencia de Consejos Sociales recuerda que tal y como ha venido insistiendo durante el trámite parlamentario, la nueva LOSU, "al huir de toda reforma estructural de la universidad pública española, supone una oportunidad perdida para su necesaria modernización y nos mantiene alejados de los estándares de excelencia de otros sistemas universitarios europeos y del resto del mundo".
Como ha expuesto en ocasiones anteriores, la CCS señala que la nueva Ley "desoye las peticiones de la Ciencia, de la Unión Europea, de la OCDE y de la empresa española y las recomendaciones de todos los informes que se han hecho en las últimas décadas, para implantar el buen gobierno de nuestra universidad, que actualmente no existe". Indica que por el contrario, mantiene una gobernanza basada en la autogestión de quienes trabajan y estudian en ella, que es única en el mundo, "condenando a España a seguir siendo el país, entre todos los comparables, donde menor participación y compromiso tiene la sociedad en la gobernanza de su universidad (que sin embargo es un servicio público financiado muy mayoritariamente con los impuestos de todos). Por lo tanto, al hacer depender las decisiones de los equilibrios de poder internos, no va a ser capaz de sustituir el excesivo corporativismo y endogamia actuales por la necesaria competitividad y meritocracia que son condiciones esenciales de una universidad excelente". La CCS considera que se va a seguir limitando la capacidad de la institución para sacar partido del talento de sus personas y ponerlo al servicio del desarrollo económico del país y de su bienestar social.
Con respecto a la elección del rector, señala que al insistir en que se siga haciendo por sufragio corporativo interno, y no por concurso de méritos -entre otros los de gestión- "nos va a seguir manteniendo alejados de los modelos de éxito comparables y al ser la elección necesariamente interna (imposible que un académico extranjero o de otra universidad española pueda ser designado rector), no resulta creíble su pretensión de internacionalidad del sistema". Y añade que al no dar opciones de nuevos modelos de gobernanza y designación del rector, "ni aunque las propias universidades en el ejercicio de su autonomía quisieran optar por ello", condena al sistema universitario público a una uniformización que lleva inevitablemente a la pérdida de calidad. Tampoco considera que se vaya a conseguir la necesaria mejora de la autonomía operativa, "imprescindible para la contratación y gestión de personal y la adaptación de la oferta de planes de estudio y titulaciones a las cambiantes demandas sociales".
La CCS lamenta que no se haya legislado "con la valentía, generosidad y grandeza de miras necesarias, sin condicionantes ideológicos y corporativos, pensando en las próximas generaciones más allá de las próximas elecciones y con el fin de impulsar una auténtica modernización que nos ponga en sintonía con las transformaciones que se están produciendo en el ámbito de la educación superior en el mundo".
El pronunciamiento de la CCS concluye afirmando que pese a todo ello, "desde los Consejos Sociales nos comprometemos a seguir trabajando para conseguir una universidad pública de excelencia y, a tal fin, brindamos nuestra colaboración a las Comunidades Autónomas para que, dentro del margen que establece la nueva ley, busquemos, conjuntamente, los mecanismos que permitan impulsar un efectivo ejercicio de las funciones que debe ejercer la sociedad en su universidad, y así aprovechar el enorme talento y conocimiento que atesora nuestra academia".
Las novedades de la LOSU
El secretario del Consejo Social, Miguel Ángel Acosta, presentó un informe sobre los principales aspectos novedosos de la LOSU que, el pasado 9 de marzo, fue aprobada por una amplia mayoría en el Congreso de Diputados y está pendiente de su publicación en el BOE.
Esta Ley introduce en sus 100 artículos, algunas cuestiones novedosas como los planes de igualdad, criterios generales para garantizar la calidad del sistema universitario, innovación en la docencia, participación del alumnado en el diseño de los planes docentes, la puesta en marcha de las microcredenciales o microtítulos, o la formación a lo largo de la vida, es decir, tener una oferta de estudios de carácter no oficial para estudiantes de todas las edades.
Se introduce un concepto nuevo, la ciencia abierta o ciencia ciudadana, para ampliar el número de publicaciones universitarias que pueden ser accesibles para la ciudadanía. Propone, además, que las universidades participen en la promoción de la igualdad y justicia social, en proyectos de desarrollo sostenible con Campus que contribuyan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, y el apoyo a la diversidad lingüística.
En cuanto a la internacionalización del sistema universitario, la Ley propone realizar alianzas universitarias, con programas conjuntos y la promoción del talento. Sobre el estudiantado se reconoce el derecho del alumnado a los planes docentes y el derecho a recibir tutorías, orientación psicopedagógica y cuidado mental y emocional y al 'paro académico'.
En cuanto a la gobernanza universitaria, la LOSU establece que el mandato de los órganos unipersonales de gobierno sea de 6 años, cuando antes era de 4, y se elimina la posibilidad de elección del rector por el Claustro. Además, el rector o rectora podrás ser personal docente e investigador de cualquier universidad, aunque esto es poco probable, pero con unos méritos mínimos en investigación, docencia y gestión. Los decanos y directores de escuelas y facultades se elegirán por sufragio universal.
Se introducen nuevas categorías de profesorado, como el profesor con contrato laboral temporal, el profesorado visitante o el profesorado distinguido y habrá condiciones para equilibrar las desigualdades de sexo en los concursos. Desaparece la figura del ayudante y la nueva Ley estable un plazo de dos años para implantar el Sistema de Contabilidad Analítica.
Sobre los Consejos Sociales españoles, el artículo 47 de la LOSU expone que serán regulados por una Ley de cada Comunidad Autónoma y será el encargado de aprobar el Plan Plurianual de la Universidad y de realizar su seguimiento y seguirá teniendo competencias en la aprobación de los presupuestos y las cuentas anuales de la universidad.
