Tal y como ha aprobado hoy el Consejo de Ministros, las comunidades recibirán 120,5 millones de euros para continuar con la implantación del programa para la
mejora de la competencia matemática, que beneficiará a alrededor de 660.000 alumnos de Educación Primaria, ESO y Ciclos Formativos de Grado Básico de
centros de todo el país. De esta partida a Canarias se destinan 6.045.985 euros.
En el caso del programa para la mejora de la competencia lectora, que incluye también la etapa de Infantil, las administraciones autonómicas van a recibir 56,2
millones de euros, de los que a Canarias corresponden 2.919.752 euros, que permitirán avanzar en las actuaciones desplegadas en este curso y encaminadas a la atención de los alumnos con dificultades en lectura, la creación de grupos reducidos o la formación del profesorado en nuevas metodologías de lectoescritura.
La puesta en marcha de estos dos programas fue anunciada por el presidente del Gobierno en enero de 2024 con el objetivo de mejorar el rendimiento de los
estudiantes en estas áreas. Su aplicación se extenderá hasta 2027.
Educación inclusiva y PROA+
El Consejo de Ministros ha dado luz verde también al reparto a las comunidades de 28,7 millones de euros correspondientes al programa de Educación Inclusiva
y procedentes del Fondo Social Europeo, de los cuales 2.120.990 euros se destinan a Canarias. El objetivo es avanzar en el diseño de un modelo educativo que logre una escolarización exitosa de todos los alumnos. Para ello, se trabaja con estudiantes con necesidad de apoyo educativo de Infantil y los dos primeros
ciclos de Primaria.
A esta inversión hay que sumar otros 7,7 millones de euros, procedentes del presupuesto ordinario, para alcanzar un total de 36,4 millones de euros. Con ellos, el Ministerio habrá destinado 147,4 millones de euros a este programa desde su creación en 2022.
Por último, las comunidades dispondrán de 105,9 millones de euros para la continuidad del Programa para la orientación, avance y enriquecimiento educativo PROA+, del que se benefician en la actualidad más de un millón de alumnos y alumnas pertenecientes a cerca de 3.700 centros de todo el país. De esta partida, 5.698.555 euros corresponden a Canarias.
Entre los objetivos de PROA+ está la reducción de la tasa de abandono educativo temprano, que en 2024 ha marcado su mínimo histórico con un 13% (8,9 puntos menos que una década antes y cinco puntos menos que en 2018).
También persigue la mejora de los resultados educativos del alumnado en situación de vulnerabilidad y reforzar la atención de aquellos con necesidad específica de apoyo educativo.
A estos programas hay que sumar el de libros de texto y material didáctico, aprobado hace dos meses con una inversión de 58,5 millones de euros, y el de bienestar emocional, que contará con 5 millones de presupuesto. En total, este año el Ministerio destinará a las comunidades autónomas 382,7 millones de
euros, un 195% más que en 2018. Desde ese año, se han destinado a estos programas más de 4.000 millones de euros.

En concreto, la bolsa ha sido abierta para 62 áreas de conocimiento diferentes, adscritas a 27 de los 41 departamentos con los que cuenta la Universidad de La Laguna; los restantes departamentos ya cuentan con bolsas o procedimientos de sustitución propios, por lo que han quedados exentos de esta convocatoria.
La convocatoria, cuya inscripción tiene un coste de 15 euros en concepto de derechos, especifica los requisitos que deben cumplir quienes deseen incorporarse a esta bolsa, entre los que se incluye poseer la titulación académica necesaria para impartir clases en el área solicitada. También se solicita un currículo detallado siguiendo la plantilla propuesta por la convocatoria, en el que contará la experiencia docente, acreditada mediante contrato o venia docendi; otras titulaciones; másteres; doctorados; cursos; premios y reconocimientos; publicaciones y participación en proyectos de investigación. Todo ello será baremado y servirá para configurar el listado final en cada área, así como el orden de cada persona seleccionada.
Es posible inscribirse en diferentes áreas, para lo cual será necesario cumplimentar una inscripción por separado para cada una de ellas. Si la persona fuera reclamada para en una de ellas, quedaría congelada en las restantes hasta que terminara su periodo de sustitución. Además, una persona incluida en la lista podrá solicitar ser considerada no disponible por motivos como la incapacidad médica, embarazo, cuidado de menores de catorce años, ser víctima de violencia de género o el ejercicio de un cargo público, entre otros.
Una vez cerrado el plazo de inscripción, el vicerrectorado publicará en un plazo máximo de quince días el listado provisional de personas admitidas y excluidas al procedimiento y, tras diez días adicionales para subsanar posibles errores en las solicitudes, será publicado un segundo listado ya definitivo. A continuación, serán formalizadas las comisiones de selección de cada área de conocimiento, cuyas composiciones serán públicas y tendrán un mes para baremar las candidaturas y, tras el receptivo plazo de reclamaciones y subsanaciones, elevará una propuesta de listas de sustitución que deberá ser aprobada en Consejo de Gobierno.

Linares valora que el consejo escolar, en el que se adoptarán decisiones y soluciones importantes para la comunidad educativa de La Orotava, funciona en el municipio villero desde hace 28 años "y sigue siendo uno de los más activos de la isla e incluso del archipiélago". En esta línea detalla que es un órgano de participación, de asesoramiento y de carácter consultivo, no vinculante, de la gestión educativa del municipio. El Consejo, que cuenta desde su creación en 1997 con reglamento de régimen interior, coordina sus actuaciones con los consejos escolares de los centros docentes radicados en el término municipal, fomentando y recogiendo las inquietudes de toda la comunidad educativa.

El primer representante institucional detalló que entre las prioridades del consejo está el facilitar el acceso de todos los habitantes de la Villa a los niveles educativos que favorecen su realización personal y sociolaboral, así como promover acciones orientadas a la igualdad de oportunidades educativas. También prioriza fomentar la identidad canaria mediante la investigación, difusión y conocimiento de los valores históricos y culturales de Canarias. No menos importante es el fomentar el respeto por la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo en la comunidad educativa; impulsar la calidad de la enseñanza en todos sus aspectos; intentar que los jóvenes que tienen alguna discapacidad no terminen su escolarización a los 18 años, sino a los 21, y promover la participación real y efectiva de la comunidad educativa en los centros docentes. Otros aspectos que se pueden promover desde este órgano colegiado son la organización de jornadas y encuentros municipales de educación; fomentar la realización de acciones socioeducativas con la participación de las familias y proponer actividades complementarias y extraescolares o formativas para el ocio y el tiempo libre de los jóvenes.

El Consejo Escolar Municipal puede ser consultado para la programación general de la enseñanza y otras actuaciones municipales que afecten a la educación o que proponga la presidencia o el pleno municipal. A iniciativa propia, podrá elevar informes y propuestas a la administración competente sobre diversos temas como la participación de los servicios sociales municipales y policía local en el control del absentismo escolar; colaboración y auxilio a las comisiones de convivencia de los centros de enseñanza o sobre actividades complementarias.

La próxima convocatoria del Consejo Escolar se prevé para el mes de octubre, una vez haya comenzado el curso escolar 2025-2026, y se convocará una al mes, entre octubre y mayo. Para esta nueva etapa del consejo se prevé tratar temas de interés para el ámbito educativo municipal como la operatividad y valor de los eco comedores en los que se utilizan productos kilómetro cero, la operatividad y funcionamiento de cafeterías en los centros, y la participación en el Consejo Escolar de Canarias, entre otros.

"Con esta presentación damos un nuevo paso histórico hacia una Canarias más activa y saludable", explicó Poli Suárez durante el acto. "ACTIVÍDATE llega para quedarse, para crecer poco a poco por todo el archipiélago y se enmarca en nuestra línea estratégica de colocar la prevención y la actividad física de nuestros ciudadanos en el centro de las políticas públicas". Un sistema que, a su juicio, está "diseñado con responsabilidad, coordinación institucional, siguiendo el ejemplo de las comunidades autónomas más avanzadas en estos sistemas y con el respaldo de expertos y ciudadanos".

Por su parte, Antonia María Pérez, señaló que "la implementación de ACTIVÍDATE representa un avance fundamental en la integración de la salud y la actividad física como ejes de bienestar en nuestra comunidad" y añadió que "no solo promovemos el ejercicio como herramienta preventiva, sino que transformamos la forma en que entendemos la atención primaria, acercándola aún más a la prevención activa y personalizada". Además, destacó "la importancia de una estrategia sustentada en el trabajo colaborativo entre disciplinas, con base científica y adaptada a las necesidades reales de la población canaria".

ACTIVÍDATE es el resultado de un proceso conjunto y coordinado entre las consejerías de Deportes y Sanidad que arrancó en enero de 2024 con la firma del acuerdo entre ambos departamentos para colaborar en su implantación. Desde entonces, se crearon cinco grupos de trabajo con cuarenta profesionales —veinte del sector sanitario y veinte del deportivo— quienes elaboraron el primer borrador de la estrategia. A continuación, el documento se sometió a un proceso de consulta pública, permitiendo la participación directa, a través de aportaciones, de colegios profesionales, universidades, cabildos, ayuntamientos y ciudadanía. Finalmente, la Estrategia Canaria de Prescripción de Actividad y Ejercicio Físico fue aprobada por el Gobierno de Canarias el 20 de noviembre de 2024.

A partir de ese momento, el trabajo coordinado entre ambos departamentos prosiguió con la puesta en marcha de los protocolos de coordinación entre Atención Primaria y las UAEF, así como con la definición de la identidad gráfica del servicio —que ha tenido como resultado el nacimiento de ACTIVÍDATE— y de la estructura organizativa del sistema.

Paralelamente, se ha iniciado la implementación de una herramienta digital que articulará todo el proceso de prescripción, derivación y seguimiento. Esta plataforma, que contará con una aplicación para dispositivos móviles con el fin de facilitar el acceso a la ciudadanía al servicio, está conectada con el sistema de información del Servicio Canario de Salud y está siendo diseñada por la Universidad de Granada, que cuenta con la experiencia de haber creado un aplicativo similar para la Junta de Andalucía, referencia para el modelo canario. Actualmente en fase de desarrollo, está previsto que su primera versión entre en funcionamiento durante el segundo semestre del año con la puesta en marcha del servicio.

El desarrollo de esta herramienta se ha ejecutado a través de un convenio suscrito por esta universidad andaluza con el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, que también participa en el proyecto, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, financiado por la Unión Europea – Next Generation EU, lo que refuerza el carácter estratégico del servicio y su compromiso para ser mantenerse sostenible en el tiempo.

Además, con el objetivo de asegurar una implementación homogénea y coordinada del modelo en todo el territorio, los profesionales de ambos sectores recibirán formaciones específicas: en julio, para los profesionales deportivos, a cargo del Consejo General de Colegios Oficiales de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (COLEF) y, a partir de junio a los profesionales sanitarios a través de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias.

El despliegue del sistema será progresivo. Si bien está previsto que durante el verano se activen las primeras derivaciones en modo piloto, las primeras UAEF se pondrán en marcha en toda Canarias durante el segundo semestre del año. Estos centros de atención deportiva estarán conectados a los centros de Atención Primaria por medio de la herramienta digital que actualmente se encuentra en proceso de desarrollo, así como con el sistema deportivo mediante los recursos de actividad física existentes en los distintos municipios. Las unidades estarán integradas por profesionales titulados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte que hayan recibido la formación específica sobre ACTIVÍDATE.

Expertos hablan

Durante el acto de presentación, celebrado en el Museo Elder, en Las Palmas de Gran Canaria, además de las dos intervenciones institucionales, los asistentes pudieron presenciar distintas charlas técnicas. En primer lugar, con una ponencia técnica a cargo de Jesús Jiménez Rodríguez, gestor de proyectos del Human & Motion LAB, de la Universidad de Granada, quien expuso al público asistente las características básicas del sistema andaluz de prescripción, que ha servido de referencia para el modelo canario.

A continuación, tuvo lugar una mesa redonda con cuatro de los especialistas que han participado en el diseño de la estrategia canaria: Javier Lobato, jefe de servicio de Programas Asistenciales del Servicio Canario de la Salud y experto en medicina deportiva; Gustavo Moreno, médico de familia del Centro de Salud de Teror; Yves de Saá, docente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte; y Antonio Ramos Gordillo, experto en medicina deportiva y también docente en la misma universidad.

Durante el coloquio, se abordaron los principales retos y oportunidades del proceso de implantación en el archipiélago, así como el papel transformador que puede tener este sistema en la prevención de enfermedades crónicas, la mejora de la calidad de vida y la promoción de hábitos saludables desde una visión interdisciplinar.

Con ACTIVÍDATE, el Gobierno de Canarias, a través de las áreas que dirigen Poli Suárez y Esther Monzón, impulsa un nuevo modelo de prevención basado en la colaboración entre los sistemas sanitario y deportivo, en el uso de tecnología avanzada y en el compromiso institucional por mejorar la salud pública y el bienestar de toda la ciudadanía.

El presidente nacional de ANPE, Francisco Venzalá, participó en la reunión junto al presidente y al vicepresidente de ANPE Canarias, Pedro Crespo y Víctor González, respectivamente, y a la secretaria autonómica de Acción Sindical, Marta Hernández.
Venzalá hizo hincapié en la necesidad de continuar avanzando en el proceso negociador abierto con el Ministerio de Educación para alcanzar un estatuto de la función pública docente. "Es fundamental dignificar profesionalmente a quienes sostienen el sistema educativo público. Necesitamos que se desarrolle la carrera profesional, así como derechos bien definidos que respalden a los docentes en su labor diaria", subrayó.
También alertó sobre la disminución de vocaciones docentes y sobre el importante reto que representa la integración del elevado número de menores no acompañados que llegan a Canarias. A su juicio, "este fenómeno no puede ser afrontado solo desde la Consejería de Educación, sino que debe implicar a otras áreas del Gobierno autónomo y contar con el respaldo del Estado". Venzalá reivindicó, además, la integración en el subgrupo funcionarial A1 de los cuerpos docentes que aún permanecen en el subgrupo A2, con el fin de lograr la equiparación.
El presidente autonómico de ANPE, Pedro Crespo, centró su intervención en la atención a la diversidad, una de las cuestiones que, en su opinión, más preocupan al profesorado. "La realidad en las aulas ha cambiado profundamente en los últimos años. Cada vez hay más alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), más situaciones personales y sociales complejas, y una mayor demanda de atención individualizada", explicó. Crespo recordó que en los últimos cuatro cursos el alumnado con NEAE ha crecido un 30% en Canarias. "A este ritmo, corremos el riesgo de que la brecha entre necesidades y recursos sea cada vez mayor", advirtió.
En este sentido, valoró positivamente el reciente acuerdo firmado por ANPE y otros sindicatos con la Consejería, que contempla una reducción de ratios y un aumento de personal de orientación, audición y lenguaje, y pedagogía terapéutica. En cualquier caso, insistió en que es imprescindible continuar trabajando para aplicar otras medidas de cara al futuro: reducciones de ratios proporcionales al número de NEAE por aula, más tiempo de coordinación para los equipos docentes, herramientas para aplicar el diseño universal para el aprendizaje (DUA) ―estrategia educativa que la LOMLOE obliga a introducir en los centros―, refuerzo de aulas enclave y centros de educación especial, y culminación de los trabajos de actualización normativa y de simplificación administrativa.
En materia retributiva, los representantes de ANPE recordaron que el profesorado ha perdido casi un 20% de poder adquisitivo desde 2010 y reclamaron la recuperación de las pagas dobles, la retribución de los meses de julio y agosto para el profesorado interino con 5 meses y medio trabajados durante el curso, una revisión de los complementos por cargos y funciones, y el abono de los sexeniosa mes cumplido.
Nuevas campañas de ANPE
La secretaria de Acción Sindical de ANPE Canarias, Marta Hernández, presentó las nuevas campañas que el sindicato está desarrollando: La diversidad que suma y 1 docente, 1.000 futuros. La primera tiene como objetivo avanzar hacia una inclusión real de todo el alumnado en los centros educativos, transformando la diversidad en un valor enriquecedor y no en una dificultad. Para ello, ANPE ha constituido una comisión autonómica que trabaja ya en un plan con medidas agrupadas según su coste —bajo, medio o alto— que será presentado próximamente a la Consejería.
La segunda campaña, 1 docente, 1.000 futuros, está centrada en visibilizar el trabajo del profesorado desde un enfoque humano. Consiste en una serie de entrevistas cortas en formato audiovisual a docentes de diferentes islas, en las que relatan sus experiencias, desafíos y motivaciones. "Queremos mostrar el lado menos visible de nuestra profesión, todo lo que aportamos a la sociedad desde las aulas", explicó Hernández.
Inauguración de la nueva sede de Gran Canaria
Tras la reunión, tuvo lugar el acto de inauguración de la nueva sede de ANPE en la capital grancanaria, a cargo de la presidenta de ANPE Las Palmas, María Perera. Las nuevas instalaciones, ubicadas en el número 5 de la avenida Rafael Cabrera de la capital grancanaria, a muy poca distancia del teatro Pérez Galdós, ofrecen un espacio más accesible, cómodo y funcional que la anterior sede. El local, situado a pie de calle, ha sido objeto de una intensa reforma para aprovechar al máximo la superficie, con el fin de atender en las mejores condiciones al personal docente.

El Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria aprobó por unanimidad, en su sesión plenaria del pasado 2 de abril, el presupuesto de la ULPGC para el ejercicio 2025, que alcanza los 194.358.949,10 euros. Se trata del presupuesto más elevado en la historia de la institución, lo que marca un hito significativo en su trayectoria financiera.

El proceso de aprobación del presupuesto se ha visto excepcionalmente condicionado este año por el calendario electoral universitario. Tal como explicó el Gerente de la ULPGC, Jorge Balaguer de la Riva, la propuesta presupuestaria no pudo presentarse en diciembre, como es habitual, debido a la celebración de las elecciones rectorales. "Atendiendo a esta circunstancia excepcional se decidió prorrogar la fecha de aprobación para que el candidato que resultara elegido como Rector de la ULPGC pudiera elaborar y proponer un presupuesto ajustado y orientado a sus prioridades", señaló Balaguer.

Durante la sesión plenaria, Arturo Melián González, Delegado del Rector en Planificación Económica, detalló los principales fundamentos técnicos de las cuentas presentadas. El presupuesto para 2025 supone un crecimiento del 4% respecto al ejercicio anterior, gracias, sobre todo, al aumento del 16% en los recursos de carácter específico concedidos por diferentes administraciones. Estos fondos están destinados, principalmente, a actividades de investigación, cooperación, movilidad académica y determinadas infraestructuras.

Por el contrario, la porción del gasto financiada con recursos no condicionados —como las transferencias de carácter general recogidas en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias— crece apenas un 1%, lo que obliga a una planificación especialmente prudente. Este crecimiento moderado se vincula, entre otros factores, a la subida del 0,5% en las retribuciones del personal —aprobada en 2024 por el Gobierno de España— y al incremento en las cotizaciones a la seguridad social derivadas de nuevas medidas de equilibrio del sistema público de pensiones.

La mayor partida del presupuesto, como es habitual, corresponde a los gastos de personal, que alcanzan los 128.098.693,77 euros. Esta cifra refleja tanto el mantenimiento del personal actual como la incorporación de 83 nuevas plazas de profesorado ayudante doctor, en el marco del Programa de Incorporación de Talento Docente e Investigador promovido por el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Universidades.

Arturo Melián destacó que el documento se ha elaborado sobre la base de previsiones de ingresos prudentes y realistas, respetando los límites marcados por el Gobierno autonómico en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. En este sentido, el presupuesto no contempla operaciones de endeudamiento, y se enmarca en una lógica de crecimiento sostenible.

Con esta aprobación, el Consejo Social reafirma su papel como garante de la estabilidad económico-financiera de la Universidad y como puente entre la ULPGC y la sociedad canaria. Las cuentas aprobadas para 2025 reflejan el compromiso de la institución con una gestión responsable, orientada a los grandes retos de la educación superior: la sostenibilidad, la calidad y la transferencia de conocimiento.

Informe de la presidenta

En su informe al Pleno, la presidenta del Consejo Social, Ana Suárez, ha puesto el acento en la intensa agenda institucional desarrollada en los últimos meses, en la que destacó la acogida a dos nuevas investigadoras ucranianas en la ULPGC que se han incorporado al IATEXT; la celebración de una nueva edición de la iniciativa 'Desayuno Universidad-Sociedad', donde el presidente del Gobierno canario fue el protagonista impartiendo una charla sobre el papel de las universidades canarias en la diversificación económica del Archipiélago; o los 'Desayunos Tecnológicos', que pretenden conectar con el mundo empresarial los resultados científicos punteros de las spin off de la ULPGC. Ana Suárez ha puesto de manifiesto, en este sentido, que la misión del Consejo Social en 2025 es seguir actuando "como catalizador de alianzas, garante de la transparencia y promotor de una universidad abierta al mundo, comprometida con el futuro de Canarias".

La organización sindical realizó esta propuesta en una mesa técnica celebrada el martes, con presencia de los sindicatos docentes y de representantes de las Consejerías de Educación y Sanidad del Gobierno de Canarias, para analizar la aplicación del Protocolo de intervención ante riesgo suicida detectado en instituciones educativas de Canarias, vigente desde este curso.
El presidente de ANPE Canarias, Pedro Crespo, sostiene que "los centros educativos deben trabajar para prevenir el suicidio, colaborar ante la aparición de una situación de riesgo y facilitar cualquier tipo de contacto que sea necesario con las familias". No obstante, subraya que "las funciones que el protocolo asigna al personal docente van mucho más allá e incluyen tareas que, por su implicación para la salud y para la propia vida del alumnado afectado, deben estar reservadas a especialistas sanitarios; entre ellas, la evaluación del nivel de riesgo suicida".
Por ello, recalca que "la propuesta de ANPE es que las consejerías de Sanidad y Educación se coordinen para crear equipos de profesionales sanitarios en todas las islas especializados en la actuación ante riesgo suicida en el entorno educativo, de forma que, ante la detección de un posible caso, los centros contacten directamente con el equipo correspondiente para que acuda e intervenga ese mismo día". Crespo señala que "el personal docente iría recabando información sobre el caso hasta la llegada del equipo sanitario, pero no entraría a valorar de forma precisa el nivel de riesgo suicida y el posible riesgo inminente ni a "articular medidas de actuación en función del nivel de riesgo detectado, que es lo que establece actualmente el protocolo, ya que esas son labores que competen a especialistas en salud mental.
Para el presidente autonómico de ANPE, el protocolo actual recoge varias exigencias que son imposibles de cumplir en los centros educativos con la dotación de personal existente, como la vigilancia continua al alumno o alumna en situación de riesgo suicida, por lo que insiste en que debe ser replanteado.
Crespo reitera que "hay numerosos aspectos del protocolo que deben negociarse con la representación del profesorado para introducir modificaciones". En este sentido, apunta que, "si se hubiera hecho, seguramente tendríamos un documento más sencillo de aplicar, más adaptado a las particularidades de los centros educativos y más beneficioso para el alumnado en situación de riesgo suicida".

El documento recoge una parte de la principal reivindicación mantenida por ANPE: la puesta en marcha de un plan de disminución de las ratios máximas de alumnado por docente a aplicar progresivamente a lo largo de tres cursos escolares. El plan se inspira en el presentado por ANPE a la Consejería de Educación el curso pasado, aunque su alcance es más limitado en varios aspectos.
Pedro Crespo, presidente de ANPE Canarias, expresa su satisfacción por un acuerdo que, "más allá de sus limitaciones, permitirá atender de forma más individualizada al alumnado en gran parte de la enseñanza básica y en educación infantil". A su juicio, "se trata de un paso importante en la mejora de la calidad educativa y de las condiciones laborales del profesorado, que habrá que consolidar con futuros avances".
Las ratios se reducirán de 18 a 16 alumnos en infantil de tres años, de 23 a 20 en infantil de cuatro y de cinco años (con mayores disminuciones en los grupos mezcla), de 25 a 22 en primaria, de 27 a 25 en 2º de la ESO, y de 30 a 25 en 3º y 4º de la ESO. También mejorarán las ratios de especialistas de Orientación Educativa, Adición y Lenguaje, y Pedagogía Terapéutica.
Crespo destaca también el refuerzo de profesorado para mejorar las competencias en comunicación lingüística y matemáticas del que se beneficiará 15% de los centros que presenten peores resultados en las evaluaciones de diagnóstico, aunque lamenta que se deje de utilizar el Índice Social, Económico y Cultural (ISEC) como criterio para llevar a cabo dotaciones extraordinarias de personal, ya que este indicador permitía compensar desigualdades en los centros de las zonas más desfavorecidas.
El presidente de ANPE Canarias señala que, de cara al futuro, hay que trabajar para extender la disminución del número de alumnos por docente a otras etapas educativas, empezando por las escuelas unitarias, los ciclos formativos de grado básico y el programa de formación profesional adaptada, que forman parte también de la enseñanza básica.
Asimismo, dado el enorme incremento experimentado en los últimos años por el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), aboga por establecer reducciones de ratios complementarias en los grupos de todas las etapas proporcionales al número de alumnos que presenten estas necesidades. En este sentido, subraya la situación específica que se da en el Archipiélago con el acceso al sistema educativo de muchos menores no acompañados que, entre otras dificultades, desconocen el idioma.
En cualquier caso, ANPE pone en valor el acuerdo alcanzado con la Administración educativa y asegura que constituye un estímulo para continuar llevando a cabo una labor sindical constructiva, centrada en lograr mejoras reales para la enseñanza pública y para el profesorado.

Así, se ha estipulado que el primer cuatrimestre se extenderá por tanto desde ese día hasta el 19 de diciembre de 2025, mientras que el segundo abarca desde el 26 de enero al 15 de mayo de 2026. La docencia finalizará el 15 de mayo, fecha después de la cual se sucederán los exámenes, como también ocurrirá al final del primer cuatrimestre, del 8 al 19 de enero. Los estudios de doctorado comprenderán por su parte desde el 17 de octubre de 2025 al 16 de octubre de 2026.
Otro asunto abordado hoy fue la modificación parcial del reglamento por el que se rige el Programa de Atención a Estudiantes con Necesidades Educativas Específicas de Apoyo Educativo, flexibilizando la elección del profesorado tutor de este colectivo de estudiantes, en función de lo que cada centro designe.
En todo caso, ha de darse experiencia previa o formación en esta materia por parte de este profesorado. Se trata pues de una leve reforma de un documento que ya experimentó el pasado mes de diciembre una reconsideración de mayor calado. La vicerrectora de Estudiantes, Rosario Hernández, señaló que se trata de un programa voluntario para el alumnado, de tal forma que pueda requerir recursos del programa las veces que lo necesite, o no. De hecho, el estudiante debe renovar anualmente su adscripción a esta iniciativa, dado que sus condiciones pueden haber cambiado.
También se dio el visto bueno en la sesión de hoy a la modificación del reglamento de matrícula, que establece unos requisitos específicos para acceder a la matrícula extraordinaria, precisando ahora que no se concederá ésta en asignaturas de titulaciones de grado en las que ya se tenga formalizada matricula ordinaria durante el mismo curso académico. La vicerrectora de Estudiantes presentó igualmente una modificación del reglamento que precisa algunos detalles referidos a las equivalencias de los títulos extranjeros.
En otro orden de cosas, Lilibeth Fuentes, profesora contratada doctora del Departamento de Economía, Contabilidad y Finanzas, fue designada directora de Secretariado de Cátedras Institucionales, dependiente del Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria.
La gerenta de la institución académica, Lidia Pereira, presentó la propuesta de atribuir a su departamento las competencias de comisión delegada de Consejo de Gobierno para la aprobación de las modificaciones presupuestarias que no supongan más de un 20% del presupuesto. Este tipo de actuaciones se llevan a cabo para agilizar la gestión, dado que no habría que convocar al Consejo de Gobierno, y cuenta además con el visto bueno del Consejo Social.
Igualmente fue aprobada la afiliación de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación a la Asociación Española de Universidades con Titulaciones de Información y Comunicación (ATIC) y a la Asociación Universitaria Española de Trabajo Social (AUETS).