El Informe saca a relucir incumplimientos graves y reiterados de la legislación a la hora de garantizar los derechos de las personas más vulnerables. Se revelan incumplimiento de los plazos para resolver solicitudes de la Renta Canaria de Ciudadanía, establecidos en tres meses y se tardan quince; solicitudes del Grado de Discapacidad, con una tardanza de hasta 60 meses mientras está establecido en seis; y solicitudes de Dependencia, que deberían resolverse en seis y lo hacen en 23.
Según Yanes, la causa de esta situación está en la escasez de recursos económicos destinados a los servicios sociales. Tal y como refleja el Informe, el gasto por habitante y año en Canarias es un 35% inferior a la media nacional; y, por ejemplo, la mitad que el de Extremadura.
Por otro lado, los datos muestran que Castilla y León gasta más dinero en Dependencia que Canarias en toda la Consejería de Bienestar Social, que incluye Dependencia, Discapacidad, Prestación Canaria de Inserción, Menores. "Si una persona pide la ayuda por dependencia hoy, día 21 de marzo, en Castilla y León, la tiene resuelta antes del día 28 de julio, mientras que si esa misma persona la presenta en Canarias tiene que esperar hasta el año 2026", explica Yanes.
El Diputado del Común, Rafael Yanes, quiso destacar que esta situación atenta contra el artículo 14 de la Constitución en cuanto a la igualdad entre los españoles. "Necesitamos más financiación para que los servicios sociales en Canarias sean eficaces".
